Analizan hoy ley de clubes vs. Seprelad

El presidente de la Cámara de Diputados Pedro Alliana (ANR, cartista) junto a otros legisladores y altas autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).Archivo, ABC Color

La Cámara de Diputados analizará hoy en sesión ordinaria un proyecto de ley que busca obligar a los clubes deportivos a informar a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) todos los contratos, montos y transferencias que realizan.

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El proyectista, el diputado liberal Édgar Acosta (PLRA) confirmó ayer que el tratamiento se encuentra en el orden del día de la sesión ordinaria de la fecha y que no tiene intención de postergar su estudio.

Se trata de un proyecto presentado por Acosta en julio de 2015 después de que nuestro medio publicara los escandalosos y millonarios contratos de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) con la empresa Teledeportes Paraguay SA (TIGO) por unos US$ 80 millones. En dicha época, los presidentes de los principales clubes de fútbol de Primera División exigieron rendiciones de cuenta y transparencia.

Sin embargo, la propuesta fue reflotada por Acosta en la sesión ordinaria del 27 de noviembre último después de que nuestro diario revelara el esquema de triangulación y lavado de dinero en el fútbol local, mediante transferencias de jugadores en clubes de Primera División, puntualmente entre Directivos del Club Sportivo Luqueño.

Este esquema era encabezado por el exdirigente deportivo Ramón González Daher, hermano del exsenador Óscar González Daher (ANR, cartista). Este último actualmente se encuentra preso por enriquecimiento ilícito y ahora tiene prohibido de por vida de ingresar a Estados Unidos por sus antecedentes.

La propuesta

El proyecto de ley “amplía artículos de la Ley 1015/97 Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”.

La propuesta modifica los artículos 13, 24, 25 y 28 de la Ley 1015/97. Se introduce a los contratos deportivos como sujetos obligados de presentación a la Seprelad y se obliga a llevar un registro de todas las personas físicas y jurídicas que hayan sido sancionadas.

Agrega que en el caso de personas jurídicas, en el registro se deberá identificar también a las personas que la integraban al momento de la comisión de los hechos que generaron la sanción.

El parlamentario dijo que afortunadamente su proyecto de ley nunca fue rechazado o archivado en la Cámara de Diputados, en el periodo anterior. Indicó que por ello el tratamiento no tendrá ninguna objeción de forma.

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