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La Contraloría actualizó ayer su informe sobre la rendición de cuentas del uso del dinero de Fonacide. De 255 municipios, 111 no estaban al día hasta la fecha límite de presentación: el jueves 16. Ayer se publicó un nuevo relevamiento y la cifra se redujo a 66. En cuanto a royalties, 75 municipios no justificaron sus gastos. Las 17 gobernaciones ya presentaron sus balances.
CAACUPÉ, Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). Los municipios de Atyrá, Eusebio Ayala, Mbocayaty del Yhaguy y Valenzuela siguen sin rendir cuentas de las transferencias recibidas en concepto de royalties y Fondo Nacional para la Inversión y el Desarrollo (Fonacide), correspondiente al primer cuatrimestre de 2019. Así indica el último informe de la Contraloría General de la República difundido ayer.
El Senado tratará en su sesión de hoy dos proyectos del paquete antilavado remitido por el Ejecutivo: las modificaciones a la ley sobre comiso y la que elimina las acciones al portador. Por otro lado, la bancada del Frente Guasu pedirá tratar sobre tablas una declaración que insta al BCP a inspeccionar el banco Basa por supuesto lavado de dinero.
La Superintendencia de Bancos (SIB) anunció ayer que los técnicos ya están evaluando internamente a tres bancos: Basa, Atlas y Continental, que realizaron exportación de divisas al Brasil a través del Banco Paulista, esto independientemente al pedido realizado por el Congreso de la Nación, señaló Hernán Colmán, titular de la SIB.
La Cámara de Diputados le despojó ayer de sus fueros al imputado diputado Tomás Rivas (ANR, cartista). Se declaró “perseguido” e inocente, y dice que su caso no es igual al de Ibáñez.
El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas (ANR, Añetete), se declaró ayer un “perseguido político” y rechazó que lo pinten como un “capomafioso”. Fue en respuesta al pedido que le hicieron sus colegas opositoras Rocío Vallejo (Patria Querida) y Kattya González (PEN) para que renuncie a la Presidencia.
La Cámara de Diputados aplazó por ocho días el proyecto de ley que modifica la ley orgánica de la Corte Suprema, que busca que los camaristas que reemplacen a los ministros por inhibición, recusación o ausencia y sean acusados de mal desempeño, solo podrán ser apartados del cargo por el mecanismo de juicio político.
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