Durante el juicio oral y público, que se desarrolló en el Poder Judicial de Ciudad del Este, la agente fiscal Vivian Coronel acreditó la existencia del hecho punible y la responsabilidad penal del acusado mediante la producción de pruebas documentales, testimoniales y periciales.
Tras valorar los elementos probatorios, el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Emilia Santos y conformado por los magistrados Milciades Ovelar y Óscar Gabriel Genez, emitió el fallo condenatorio.
De acuerdo con los antecedentes, los hechos de abuso sexual habrían ocurrido en Minga Guazú. Las agresiones se habrían iniciado en diciembre de 2017, cuando la víctima tenía 7 años de edad, y se habrían prolongado de manera sistemática hasta diciembre de 2023, cuando ya contaba con 13 años.
Inicialmente, los actos consistieron en manoseos en las partes íntimas de la menor, hasta que se llegó a consumar el coito bajo amenazas. Posteriormente, el 6 de febrero de 2025, la víctima denunció el caso a través del servicio telefónico 147 Fono Ayuda. A partir de allí, la denuncia fue derivada a la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños, Niñas y Adolescentes, que inició la investigación.
En el marco de la pesquisa, se realizó el abordaje a la víctima, quien fue asistida por una profesional del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público y por un médico forense, quienes determinaron la existencia del abuso sexual.
Graves secuelas en la víctima
Asimismo, se diagnosticó daño psicológico relacionados con el abuso sexual. Se identificaron, además, indicadores compatibles con el trastorno por estrés postraumático y cuadro depresivo.
Por otra parte, se obtuvo la declaración testimonial de la víctima realizada a través de la Cámara Gesell en carácter de anticipo jurisdiccional de prueba, donde la niña volvió a manifestar y coincidir en que su padrastro había abusado sexualmente de ella desde que tenía 7 años hasta los 13 años.