BARCELONA, España (EFE, AFP). Los socialistas se sitúan en el primer lugar en porcentaje de votos (23,12%) y 33 diputados, los mismos que obtiene la formación ultranacionalista ERC (filomarxista), de un total de 135 (se necesitan 68 bancas para tener la mayoría en el parlamento regional).
Con 32 se sitúa en tercera posición el también separatista JxCat (conservadores).
Con los nueve diputados de la formación comunista CUP, las formaciones ultranacionalistas pasarían de 70 a 74 escaños, y podrían formar gobierno si salvan las fuertes discrepancias surgidas desde el fracaso de la intentona separatista de 2017.
Por primera vez, ERC supera a sus socios de coalición JxC, lo que sitúa a su candidato Pere Aragonés, un separatista moderado, como favorito para presidir la región.
El fenómeno político VOX (integrado por conservadores y liberales) entra por primera vez en el Parlamento Catalán, y lo hace como la cuarta fuerza con más apoyos, 11 escaños, ocho más que el Partido Popular (PP, conservador), hasta ahora la fuerza conservadora tradicional en España, que se queda con tres.
Los liberales de Ciudadanos, grandes ganadores de los comicios en 2017, se desmoronan, y bajan de 30 a 6 diputados.
Bajo pandemia
La política quedó eclipsada parcialmente por la pandemia, que dejó la imagen del personal desplegado en los colegios de votación protegidos de pies a cabeza para permitir el sufragio presencial de electores enfermos de covid-19 o en cuarentena.
A pesar de las divisiones internas surgidas tras el fracaso de la tentativa de secesión de octubre 2017, los separatistas en el poder ampliaron su mayoría parlamentaria e incluso superaron por primera vez en unos comicios regionales el 50% de los votos.
Esto diluyó la pírrica victoria de los socialistas del actual presidente español Pedro Sánchez, en esa rica región de 7,8 millones de habitantes.
La pandemia condicionó unos comicios celebrados entre un fuerte despliegue de medidas sanitarias (mascarillas, distancia, gel, controles de aforo...) y donde pudieron votar presencialmente personas enfermas de covid o en cuarentena.
Para ellos se reservó la última hora de votación en una situación excepcional que obligó al personal del centro de votación a cubrirse completamente con monos blancos, guantes y pantalla facial.
“Estoy aquí por obligación. Si hubiera podido elegir, no habría venido”, decía escondida tras todas estas protecciones Marta Manzanero, una comercial de 46 años esperando la llegada de votantes enfermos.
El temor a la pandemia hundió la participación, que no alcanzó el 55% de los 5,6 millones de electores, 25 puntos por debajo del nivel récord registrado en los comicios precedentes de 2017.
“Dudé hasta el último momento si venía a votar o no (...) Creo que estas elecciones deberían haberse pospuesto”, reconoció Cristina Caballero, una educadora infantil de 34 años en Barcelona.
“No es el mejor momento para hacer elecciones (...), pero cuando vas a trabajar cada día en metro, también te estás exponiendo”, dijo Sergi López, de 40 años.
El gobierno regional había intentado aplazar los comicios a finales de mayo por la pandemia pero la justicia lo rechazó.
Se temió por el propio dispositivo electoral, dado que más del 40% de personas designadas por sorteo para trabajar en él pidieron no acudir, pero finalmente todos los centros pudieron abrir.
Para minimizar el riesgo de contagio, las autoridades establecieron puntos de votación en espacios abiertos, como el entorno del estadio del FC Barcelona o una plaza de toros en la ciudad de Tarragona, y obligaron a hacer las filas en el exterior, a pesar del frío y la lluvia intermitente.
Las elecciones, las quintas en esta región desde 2010, llegan más de tres años después de la celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación.
El presidente regional de entonces, Carles Puigdemont, está fugado en Bélgica y otros nuevo dirigentes cumplen penas de entre 9 y 13 años de prisión por sedición.
Desde entonces, el separatismo se dividió entre la estrategia rupturista de Puigdemont y la moderación de ERC, que incluso se ha convertido en un sostén político del gobierno minoritario de Sánchez en el Congreso español.
En una paradójica situación política, los marxistas han bajado un poco, por lo menos ante los medios, el tono de sus posturas ultranacionalistas, y los conservadores, mantuvieron el radicalismo de 2017.