Paredes, quien es considerada por la Fiscalía como la "testaferro" de una presunta red corrupta en el Gobierno de Castillo, dejó durante la tarde del martes el penal de mujeres de Lima, en el que permaneció desde el pasado 31 de agosto, en cumplimiento de una resolución judicial.
De esa manera, la cuñada del gobernante, quien la crió como a una hija, seguirá afrontando la investigación abierta en su contra bajo comparecencia con restricciones, que incluyen no ausentarse de su lugar de residencia, ni variar el mismo sin la previa autorización del órgano judicial competente.
El Ministerio Público atribuye a Paredes la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos, y señala que puede recibir una condena de 23 años de cárcel.
Como parte de estas investigaciones, el juez Víctor Zúñiga, magistrado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ordenó prisión preventiva durante 30 meses contra Salatiel Marrufo, Biberto Castillo y Abel Cabrera, quienes fueron asesores y colaboradores del gobernante.
La Fiscalía aseguró que estas personas conformaron un "gabinete en la sombra", como parte de una presunta organización criminal creada en el Ejecutivo para "obtener ganancias ilícitas" con la concesión irregular de obras por el Ministerio de Vivienda.
El fiscal del caso, Ismael Martínez, señaló al inicio de la audiencia de revisión del pedido, que comenzó el pasado sábado, que los implicados pueden recibir condenas de 19 a 34 años de prisión.
La fiscal general peruana, Patricia Benavides, presentó el pasado 11 de octubre una denuncia constitucional ante el Congreso contra Castillo, al que señala como presunto autor de los delitos de organización criminal agravada por su condición de líder, tráfico de influencias agravado y cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).
Castillo rechaza esas acusaciones y defiende, mediante sus abogados y portavoces, que el artículo 117 de la Constitución peruana establece que el jefe de Estado solo puede ser denunciado por cuatro casos concretos, entre ellos traición a la patria o impedir elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.