Con 49 votos a favor, 82 en contra y 3 abstenciones, la admisibilidad de la acusación constitucional, con previa calificación negativa en la comisión revisora del Congreso, fue rechazada por los legisladores debido a los votos clave del Partido Republicano, de extrema derecha, y de la Democracia Cristiana, que se opusieron a cargar "con más responsabilidades" a la exministra.
Ríos, que arriesgaba a una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos, renunció a su cargo precisamente por esta controversia, que abrió una nueva crisis política en Chile, la segunda de envergadura en los diez meses del Gobierno de Boric.