Un comunicado oficial lamentó "profundamente la pérdida de vidas humanas" en las protestas, pero señaló que "es categórico al afirmar que en el Perú no existe una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ni lo que han denominado un "racismo sistémico" en el actuar de las distintas autoridades".
El comunicado, publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se refirió directamente a un informe preliminar presentado por Amnistía Internacional (AI) y aseguró que el gobierno está "brindando todas las facilidades para el desarrollo de las investigaciones" que hace la Fiscalía "con el fin de identificar a los responsables de las graves afectaciones al derecho a la vida, como también a la propiedad pública y privada en los últimos meses".
En ese sentido, reiteró que "corresponderá a las autoridades competentes, luego de conocido el resultado de las investigaciones, procesar y sancionar conforme a la normatividad aplicable".
El ministerio también informó de que "en forma paralela" a las investigaciones, una Comisión Multisectorial ha acordado entregar "un apoyo solidario" de 50.000 soles (unos 13.150 dólares) por cada persona fallecida, y 25.000 soles (unos 6.500 dólares) a los heridos de gravedad, civiles y policías, que hayan quedado con alguna secuela.
Según diversas fuentes, en las protestas que comenzaron en diciembre han muerto 70 personas, al menos 48 de ellas en manifestaciones y enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad, 42 en los sureños departamentos de Cuzco, Puno, Ayacucho, Apurímac y Arequipa.
Amnistía Internacional aseguró este jueves que durante las protestas en Perú hubo "ataques generalizados" hacia la población por parte de las fuerzas del orden y que la "grave crisis de derechos humanos" que vive el país ha sido alimentada por el racismo y la criminalización contra comunidades indígenas y campesinas.
Tras denunciar ataques a la prensa durante las movilizaciones, AI sostuvo que "existen indicios de que se podría estar utilizando el sistema judicial de manera inapropiada para perseguir y silenciar a las persona que participan de las protestas".