"La RDC niega categóricamente las acusaciones de restricción de las libertades fundamentales, de arrestos arbitrarios y de intimidación", dijo en un comunicado difundido a última hora de ayer el Ministerio de Comunicación congoleño.
"Las medidas tomadas por las autoridades tienen el objetivo de mantener el orden público, preservar la seguridad de los ciudadanos y prevenir cualquier manifestación violenta", añadió.
El Gobierno respondió así a las acusaciones formuladas esta semana por el investigador principal de HRW para ese país, Thomas Fessy, quien afirmó que "la reciente ola de arrestos y restricciones de las libertades fundamentales por parte de las autoridades congoleñas está dirigida contra los candidatos presidenciales de la oposición y sus altos funcionarios".
El pasado mes de mayo, la Policía congoleña dispersó con gases lacrimógenos protestas convocadas por varios líderes opositores para denunciar lo que consideraban un "caótico proceso electoral", arrestó a decenas de personas y causó al menos treinta heridos graves, incluido un niño, explicó la ONG pro derechos humanos.
Asimismo, las autoridades han impedido mítines de Moïse Katumbi, líder del partido opositor Juntos por la República, y han acusado de traición a su principal asesor, Salomon Kalonda, después de casi tres meses en custodia policial.
HRW también pidió una investigación independiente del asesinato del portavoz de Katumbi, Chérubin Okende, encontrado sin vida con numerosos impactos de bala en el interior de su vehículo el pasado 13 de julio.
En este sentido, la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNJHRO) indicó este mes que el "ambiente preelectoral" en el país está cada vez más marcado por "una reducción del espacio cívico y la violencia política y electoral".
Así, este organismo de la ONU lamentó "arrestos y detenciones arbitrarias, secuestros y amenazas de los opositores políticos, el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, y discursos de odio e incitación a la violencia".
Sin embargo, el Gobierno congoleño subrayó que "las acciones tomadas contra personas específicas se basan en informaciones creíbles y pruebas tangibles".
Las autoridades también aseguraron que "todas las acusaciones de violaciones de derechos humanos son objeto de investigaciones profundas y transparentes" y que los responsables rendirán cuentas ante la justicia "sin importar su estatus o afiliación política", sin dar más detalles.
Está previsto que la RDC celebre sus próximas elecciones locales, provinciales, legislativas y presidenciales el 20 de diciembre de 2023, en las que el presidente Felix Tshisekedi buscará un segundo mandato.
El país tuvo sus últimos comicios presidenciales el 30 de diciembre de 2018 tras dos años de retrasos y de multitudinarias protestas prodemocracia, pese a que el mandato del entonces presidente Joseph Kabila (2001-2019) expiró en 2016.
A pesar de las acusaciones de irregularidades, dichas elecciones supusieron el primer traspaso pacífico de poder desde la independencia de la RDC, en 1960.