Ese suceso, que hace siete años conmocionó a todo el Reino Unido, ha vuelto a ser recordado a raíz del fuego desatado este jueves en los dos edificios del barrio de Campanar en Valencia, que hasta ahora ha dejado cuatro muertos y 14 personas desaparecidas.
La Policía de Londres confirmó entonces que el descomunal incendio en el barrio de North Kensington fue originado por una nevera defectuosa en una de las viviendas de la cuarta planta, aunque el revestimiento inflamable con polietileno que cubría la fachada hizo que el fuego se propagara con gran rapidez.
El incendio en esa torre de 120 viviendas sociales de 24 plantas, indignó a la sociedad y presionó al Gobierno de la entonces primera ministra conservadora Theresa May, que ordenó poner en marcha una investigación pública tras la que nadie resultó imputado pese a que determinó que la respuesta institucional inicial a lo ocurrido fue "muy deficiente".
La compañía estadounidense Arconic, proveedora de los paneles Reynobond PE con los que se había revestido Grenfell, anunció la suspensión de la venta de ese material en todo el mundo para edificios muy altos.
El suceso derivó en cambios legales, como la aprobación, primero, de la Ley de Seguridad de Incendios, en 2021, para Inglaterra y Gales, que aclara quién es el responsable de la seguridad en cuanto a incendios.
De esa manera, se debe suministrar a los servicios de bomberos mapas de la distribución de los edificios así como de información sobre los materiales empleados en su construcción y contempla la obligatoriedad de comprobar el funcionamiento de ascensores y otros dispositivos antiincendios con los que no contaba Grenfell.
Los cambios obligaron a aclarar quién es responsable jurídicamente de reducir el riesgo de incendio y a que las evaluaciones de incendios incluyan las paredes externas de los edificios así como las salidas de emergencia de apartamentos individuales.
Además, el 28 de abril de 2022 se aprobó la llamada Ley sobre Seguridad de Edificios, que introdujo una serie de variantes en la antigua legislación para regular los diseños, revestimientos, construcción y ocupación de los edificios de más de 18 metros de altura o que cuenten con siete o más plantas y dos o más unidades residenciales -como bloques de apartamentos, alojamiento estudiantil, hospitales y residencias de mayores-.
Se creó también un nuevo marco regulador para edificios residenciales considerados de mayor riesgo.