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El ministro de Comunidades, Michael Gove, dijo que esta medida, condenada ya por quienes creen que penalizará la libertad de expresión, persigue combatir el alza del extremismo islamista y de ultraderecha registrada a raíz de la guerra en Gaza.
Según la nueva definición, que actualiza otra de 2011, las órganos del Estado lo considerarán como "la promoción o propuesta de una ideología basada en la violencia, el odio o la intolerancia".
Esta ideología tiene como objetivo "negar o destruir los derechos y libertades fundamentales de otros; socavar, revocar o reemplazar el sistema de democracia parlamentaria liberal y derechos democráticos del Reino Unido; o crear intencionalmente un ambiente permisivo para que otros logren los resultados anteriormente expuestos".
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"La presencia de las ideologías extremistas se ha hecho más evidente tras los ataques del 7 de octubre (por Hamás en Israel) y plantea un riesgo real para la seguridad de nuestros ciudadanos y democracia", declaró en un comunicado Gove, en línea con un reciente discurso del primer ministro, Rishi Sunak.
Esto es obra, prosiguió, de "extremistas islamistas y de extrema derecha que buscan separar a los musulmanes del resto de la sociedad y crear división en las comunidades musulmanas", así como "radicalizar a la gente, negarle sus derechos, suprimir la libertad de expresión, incitar al odio y socavar las instituciones".
"Las medidas de hoy garantizarán que el Gobierno no facilite de forma inadvertida una plataforma a quienes se proponen subvertir la democracia y negar los derechos fundamentales de otros", afirmó.
El Ejecutivo, que ha endurecido su retórica en este asunto de cara a las elecciones generales, difundirá en los próximos días una lista con las organizaciones que, siendo legales, considera extremistas y creará un Centro de excelencia contra el extremismo en el ministerio de Comunidades para analizar cada caso.
Gove insistió en declaraciones a los medios en que esta nueva definición más concreta permitirá identificar mejor a organizaciones sospechosas para evitar que se les dé dinero público, acceso al aparato del Estado o condecoraciones.
Sin embargo, varias organizaciones musulmanas y de libertades civiles, así como políticos de todos los partidos, señalaron que, al no ser una definición legal, podrá aplicarse de manera subjetiva y castigar desproporcionadamente a ciertas comunidades, en especial la islámica.
Cage -que expone abusos del Estado en su lucha contra el terrorismo islamista-; Palestine Action y Black Lives Matter UK acusaron al Ejecutivo conservador de "utilizar como arma el concepto de extremismo para protegerse" mientras que algunos políticos conservadores alertaron de que podría afectar a entidades contra el aborto o ciertos grupos feministas.
El abogado Jonathan Hall, encargado gubernamental de revisar la legislación contra el terrorismo, consideró la iniciativa "un decreto ministerial para la cancelación" de opiniones no gratas y el antiguo asesor estatal sobre islamofobia, Qari Asim, alertó de que puede inducir a una mayor radicalización si los grupos afectados deciden ocultar sus actividades.