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La audiencia estaba prevista para el próximo 7 de mayo, pero el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud presentada por la Fiscalía para postergar la audiencia, en medio de la conmoción por el asesinato el fin de semana de tres policías en el sur del país.
Yáñez, que recurrió hace unas semanas sin éxito al Tribunal Constitucional, será imputado previsiblemente por un eventual delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante el estallido social de 2019, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema, con saqueos e incendios.
En la jefatura de la institución desde noviembre de 2020 en sustitución de Mario Rozas -quien previsiblemente también será imputado en octubre-, Yáñez ejercía como director de Orden y Seguridad del cuerpo policial militarizado durante las masivas marchas.
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La portavoz del Gobierno chileno, Camila Vallejo, dijo en rueda de prensa que la postergación de la audiencia es una decisión "prudente", "de sentido común" y "que no suspende ni inhabilita la acción de la justicia".
"Hoy tenemos una situación muy difícil, que ha golpeado a todos los carabineros de nuestro país", indicó Vallejo.
Se trata del peor ataque contra Carabineros, la Policía militarizada del país, en la historia reciente, tanto por tratarse de un asesinato múltiple simultáneo como por la forma como habrían sido asesinados los agentes.
El ataque, por el que aún no hay detenidos, ocurrió la madrugada del sábado en la localidad de Cañete, en la región del Biobío, a 600 kilómetros al sur de la capital, cuando un grupo de hombres armados disparó contra la patrulla policial, antes de prender fuego al vehículo con ellos adentro.
Tanto el Biobío y como La Araucanía son escenario desde hace décadas de un conflicto que involucra a pueblos originarios, el Estado y grandes empresarios latifundistas y forestales que explotan tierras y bosques considerados ancestrales por las comunidades indígenas.
En la zona ha habido también en los dos últimos años un importante crecimiento del crimen organizado y de la presencia de compañías privadas de seguridad, que han complicado la situación de seguridad y el propio conflicto.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró horas antes que hay "pistas" sobre la autoría del triple asesinato y reiteró que no es el momento para remover al general, una decisión que ya había anunciado el fin de semana cuando la audiencia de imputación aún no había sido reprogramada.