El presidente tunecino advierte a los funcionarios corruptos que serán procesados

"Algunos fueron designados para luchar contra la corrupción, pero rápidamente se convirtieron en miembros activos de estas redes y serán llevados ante la justicia para responder por su corrupción y su complicidad con los corruptos", declaró el mandatario durante el Consejo de Seguridad Nacional.

En la próxima reunión, adelantó, el Consejo examinará la ley de conciliación fiscal para recuperar los más de 4.000 millones de euros que, asegura, se han expoliado desde el régimen de Zin el Abidine Ben Ali (1987-2011) y luchar contra las crecientes redes de narcotráfico que ponen en peligro la seguridad nacional.

El pasado mes de marzo, Said nombró a los nuevos miembros de la Comisión Nacional de Conciliación Penal por un mandato de seis meses después de cesar a la antigua directiva al considerar que sus resultados fueron insuficientes tras 14 meses de trabajo: 26,9 millones de dinares (7,9 millones de euros) tras tramitar 14 acuerdos.

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Según esta ley, uno de los grandes pilares del proyecto político de Said, los autores de delitos financieros- malversación de fondos públicos o propiedades del Estado, fraude fiscal, corrupción y lavado de dinero- pueden beneficiarse de una amnistia a cambio de reembolsar el dinero o invertir su equivalente en proyectos de desarrollo de regiones desfavorecidas.

Al mismo tiempo, Said ha lanzado una campaña de "saneamiento" de la Administración pública a través de auditorias- cuyos resultados no se han publicado- ya que cree que miles de funcionarios fueron contratados de manera masiva durante la última década gracias a diplomas falsos, nepotismo y favoritismo.

Said, que llegó a la presidencia en 2019 y se arrogó plenos poderes dos años más tarde "para preservar la paz social", gobierna por decreto desde entonces y en 2022 ratificó una nueva Constitución, votada en referendo pese a una abstención del 70 % y que instaura un régimen político ultrapresidencialista.

Túnez tiene previsto celebrar elecciones presidenciales a finales de año aunque el dirigente todavía no se ha pronunciado sobre un segundo mandato y la oposición ha anunciado que boicoteará la consulta al no cumplir con unas garantías mínimas, mientras una veintena de figuras políticas se encuentran en prisión provisional desde hace más de un año por "complot contra la seguridad del Estado".