Barcelona, una de las ciudades más turísticas de España junto a Madrid, sufre desde hace años un aumento notable de los precios del alquiler, al igual que la capital de España.
"El 23N ha pulverizado todos los registros. La manifestación por la vivienda más grande de la historia y del Estado español. Esto solo es el comienzo, ¡vamos hacia la huelga de alquileres!”, ha destacado el Sindicato de Inquilinas, organizador de la manifestación, una vez finalizada la protesta.
Inspirados en la convocatoria que tuvo lugar el 13 de octubre en Madrid, los asistentes han iniciado su marcha hacia las 17.00 horas en la plaza Universitat y la han finalizado hacia las 20.00 horas en la estación de Sants, en una de las manifestaciones más multitudinarias en la capital catalana en contra del aumento del precio del alquiler.
Las principales reivindicaciones de la protesta son una bajada de los alquileres en un 50 %, promover contratos indefinidos "para poner fin al chantaje y la inseguridad al final de cada contrato", recuperar viviendas para el uso residencial y prohibir la compra especulativa, según los organizadores.
"No puede ser que los inversores lleguen a nuestras ciudades y jueguen con los pisos como en el Monopoly", ha denunciado la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Carme Arcarazo antes de iniciar la marcha.
Posteriormente, los manifestantes, con cánticos contra los rentistas y algunos políticos y carteles reivindicativos, se han dirigido hacia la Casa Orsola, uno de los símbolos del movimiento por la vivienda en Barcelona.
Allí, el portavoz del Sindicato de Inquilinas en Cataluña, Enric Aragonès, ha mostrado desde el balcón del edificio su rechazo contra los alquileres de temporada.
Esta semana el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, reiteró a la plataforma de alquiler turístico AirBnb que la decisión de extinguir en 2028 las licencias de las 10.000 viviendas de uso turístico (VUT) existentes en la ciudad y acabar con la figura del piso de uso turístico en Barcelona es "firme".
El objetivo del Ayuntamiento de la ciudad es "devolver esos 10.000 pisos al mercado de uso residencial, lo que beneficiará directamente a más de 25.000 ciudadanos" ante una crisis habitacional por falta de vivienda digna y asequible en la que se debe "priorizar el uso residencial de las viviendas por encima de su explotación turística".