"Ahora empieza una nueva batalla, decirle al Estado que, si está viva, la busque y que, si está muerta, me diga dónde están sus restos", dice la mujer en una entrevista con EFE.
Porque el Registro Civil español ha reconocido por vez primera la existencia civil de una recién nacida robada en España, María, que fue sustraída en 1981 en una localidad del sur y cuya madre lleva buscándola sin descanso 15 años.
En España se han denunciado casos de niños arrebatados con engaños a los padres al nacer para darlos a otras familias, en muchos ocasiones previo pago, que ocurrieron sobre todo entre 1950, en plena dictadura franquista, y 1990, cuando la democracia ya estaba asentada.
Un juez español aseguró en 2008 que el número podría ser superior a 30.000 entre 1937 y 1950, pero las asociaciones de víctimas lo elevan a 300.000 durante varios decenios.
Una lucha que no terminará nunca
Probablemente, el certificado oficial que acredita que alumbró a su hija, supuestamente sin vida, el 25 de diciembre de 1981 en un hospital de La Línea de la Concepción no le permitirá a María Bueno conocer qué fue de aquella bebé, que ni siquiera llegó a ver.
"Es una lucha que no va a terminar nunca", dice la mujer, presidenta de la Asociación por la Lucha de Madres de Bebés Robados de Andalucía (Alumbra) y de la Plataforma Internacional Te Estamos Buscando.
Porque ella lleva 15 años buscando un rastro de su hija y peleando contra la "barbarie" y "el mundo oscuro" que arrebató a tantos bebés para dárselos a otras mujeres.
Ella era en 1981 una estudiante de 20 años. "Yo quería tener a mi hija, ni para mí ni para mi familia era un inconveniente que estuviera soltera. Estaba muy ilusionada", recuerda.
Su embarazo llegó a los nueve meses con toda normalidad, sintió contracciones y fue al ginecólogo. Para su sorpresa, le dijo que el feto estaba muerto y que ella estaba en peligro de muerte.
Con el susto, a nadie le extrañó que ordenara su ingreso en el Hospital Municipal de La Línea, que gestionaban las Hermanas de la Caridad, cuando a ella le correspondía otro, y que dispusieran para ella de una habitación privada.
"Ese día fue para mi una tortura", cuenta. Fue sedada y al día siguiente, el 25 de diciembre, despertó y vivió algo "terrorífico": primero, una monja se asomó y preguntó si le habían llevado al bebé para darle el pecho. "Y a los diez minutos entró otra monja con un Niño Jesús de porcelana y me dijo: 'Dale un beso, Él te consolará'".
Como en todos estos casos, no la dejaron ver el cuerpo sin vida: "A mi hermana le enseñaron un ataúd blanco y le dijeron que lo llevaban a una fosa común".
Guardó ese dolor y siguió con su vida, estudió Derecho, se casó y tuvo otros dos hijos, sin pensar que ka habían engañado.
Coraje sin descanso
Hace 16 años, leyó que el ginecólogo que la había tratado era investigado por la Fiscalía por su supuesta relación con una trama de ochenta bebés robados en ese hospital. Y ahí empezó a seguir el rastro de su hija.
Descubrió que el hospital no inscribió el parto, aunque sí el fallecimiento, y constató que tampoco figuraba en los registros del cementerio.
Su caso, como el resto que investigó la Fiscalía, se archivó por prescripción. Pero ella no abandonó y lo llevó incluso a Naciones Unidas.
"No puedo desprenderme de mi piel", apostilla con coraje.
Hace un año, vio una nueva orden ministerial que en 2023 recogía la demanda de mujeres que habían perdido fetos de más seis meses.
Hasta entonces, como la hija de María, se inscribían en un legajo de "criaturas abortivas" del Registro Civil. La nueva norma permitía que lo fueran en un archivo de nacidos sin vida, con un nombre y datos de los progenitores.
"Fui al Registro Civil como una guerrera, con una carpeta con toda la documentación. Yo quería que mi hija tuviera también el derecho a tener nombre", incide.
"No tengo nada más de ella", confiesa emocionada, pero es "un hito histórico" en esta batalla.