En la misma línea, el líder de los 'populares' europeos subrayó en declaraciones a los medios que dichas salvaguardias no son una mera promesa sino una disposición "vinculante", lo que constituye un "enorme paso hacía adelante".
Además, también valoró el compromiso de la Comisión Europea de incrementar los controles de calidad en la entrada de productos de estos países, como modo evitar la competencia desleal.
Según Weber, este acuerdo puede denominarse "anti Trump", ya que busca hacer frente común ante la política arancelaria de la Casa Blanca y supone la "mejor respuesta" ante Estados Unidos y China.
El acuerdo UE-Mercosur contiene una cláusula de salvaguardia que prevé que alguna de las partes, un solo país puede activarla, pueda solicitar la suspensión del acuerdo en caso de incumplimiento de sus disposiciones o de una perturbación en el mercado.
Para reforzar esa cláusula y satisfacer las reticencias de Francia principalmente, que teme por que su sector agrícola se vea afectado por las importaciones desde el Mercosur, la CE ha propuesto un acto jurídico específico sobre cómo la aplicaría, que no reabre, en ningún caso, el texto pactado con el bloque suramericano.
El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, explicó este miércoles que Bruselas supervisará las importaciones de productos agrícolas cada seis meses “con total transparencia” y si se halla “alguna anomalía” que pudiera causar perturbaciones en uno o más Estados miembros de la UE, se activarían medidas rápidas en un plazo máximo de 21 días.
También se refirió a la posibilidad de iniciar investigaciones cuando las importaciones aumenten repentinamente al menos un 10 % o los precios de importación bajen repentinamente un 10 % por debajo de los precios en la UE.
Además, aunque el Ejecutivo comunitario está convencido de que no será necesario utilizarla, ha propuesto una reserva para crisis agrícolas de 6.300 millones de euros en caso de perturbaciones del mercado.
La propuesta de Política Agrícola Común (PAC) después de 2027 incluye un presupuesto específico de al menos 300.000 millones de euros para ayudas a la renta, lo que garantiza, según Bruselas, que los agricultores de la UE sigan percibiendo ingresos sólidos y estables.