El diputado Orlando Camacho, quien presentó el proyecto de reforma, dijo que en primer lugar "se incorporan modelos exitosos de negocio que derivan de la ley constitucional antibloqueo", una norma aprobada en 2020 que buscaba la llegada de inversiones en medio de las sanciones impuestas un año antes por Estados Unidos.
Camacho dijo que lo que se busca es "el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos", incluyendo los "contratos de participación productiva", donde la empresa operadora, subrayó, "asume la gestión integral a su propio riesgo y costo".
"En este modelo, el Estado no adquiere deudas. La retribución de las operadoras consiste en la participación porcentual sobre los volúmenes fiscalizados", indicó Camacho, del Movimiento Somos Venezuela, durante una sesión ordinaria transmitida por el canal del Parlamento.
En segundo lugar, añadió, se "proponen mecanismos para garantizar la viabilidad de proyectos económicos en aquellos campos no desarrollados", donde -puntualizó- se "necesitan grandes inversiones".
Sin embargo, señaló que para lograrlo es necesario contar con "alguna flexibilidad en las regalías" y mencionó la posibilidad de "rebajarlas" con el fin de "atraer a esta inversión en estos campos nuevos que no producen actualmente".
En tercer lugar, planteó "aumentar las garantías jurídicas para la inversión en el sector de los hidrocarburos" como "acudir a mediación a través de mecanismos independientes para la resolución de conflictos, siempre bajo el cumplimiento de la Constitución".
"Para concluir, este proyecto de reforma es un paso audaz hacia la modernización del sector energético, asegurando que el petróleo siga siendo el motor de desarrollo de nuestro país", auguró Camacho.
Según el orden del día, los diputados también discutirán el proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos y el de la Ley Orgánica para la Aceleración y Optimización de los Trámites y Procedimientos Administrativos de la Administración Pública.
El Parlamento debe aprobar los proyectos de ley en una primera discusión y, posteriormente, se requiere de una segunda para que queden definitivamente sancionados como ley. Cumplido este proceso, la ley o las leyes se remiten al presidente, quien se encarga de su promulgación, y entran en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.
El pasado jueves, Delcy Rodríguez entregó el proyecto para la reforma de hidrocarburos al Parlamento, sin ofrecer detalles, como parte del informe de rendición de cuentas que presentó en nombre de Maduro, capturado por EE.UU. durante el ataque militar del pasado 3 de enero.
La discusión de estas reformas tiene lugar mientras Caracas y Washington transitan una nueva etapa en su relación bilateral, marcada por el ataque estadounidense y el interés manifiesto del presidente Donald Trump en el petróleo venezolano, cuya venta ha anticipado que manejará su país.