La reforma al sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, conocido como la 'caja fiscal', salió adelante con los votos de la mayoría de la gobernante Asociación Nacional Republicana (ANR), más conocida como Partido Colorado, y ahora pasa a la Cámara de Diputados, que debe refrendar la sanción de los senadores.
El texto establece edades mínimas de jubilación para los docentes universitarios, del magisterio nacional, magistrados judiciales e integrantes de las Fuerzas Públicas, un hecho que no aplica con la norma vigente.
El senador oficialista Silvio Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, dijo durante el pleno que esta propuesta garantiza que el sistema de jubilaciones continúe funcionando y se reduzca el déficit de la 'caja fiscal', que el Gobierno cifró en 380 millones de dólares en 2025, cerca del 0,8 % del producto interno bruto (PIB) del país.
Asimismo, Ovelar señaló que el proyecto de reforma promovido por la Cámara Alta fija en 53 con 25 años de aportes la edad mínima de jubilación para maestros. La tasa de restitución será del 78 % y podría elevarse al 90 % siempre que el afiliado cumpla con 30 años de servicio y tenga 58 años.
En el caso de las Fuerzas Públicas, la edad jubilatoria será de 55 con 25 años de aportes y una tasa de reintegro del 75 %, que puede llegar al 90 % si el afiliado cumple con 30 años de servicios y tiene 60 años.
En todos los casos, el aporte del Estado a la 'caja fiscal' será del 10 % y no del 14 % como reclamaron hoy los maestros en las calles. Actualmente es del 3 %.
Los gremios de docentes rechazaron de forma inmediata el texto, si bien reconocieron que es una mejora en comparación con la primera versión de la Cámara de Diputados, que preveía un aporte menor del Estado y elevaba hasta los 62 años la edad jubilatoria ordinaria.
"No podemos estar de acuerdo con que aportemos más de lo que el Estado aporta", dijo a periodistas el presidente de la Unión Nacional de Educadores, Rafael Resquín.
"La lucha no termina hoy, probablemente hasta pueda volverse más difícil", agregó antes de apuntar que los docentes no pueden descartar "paralizar la educación" si sus demandas no son atendidas.
Más temprano, el secretario adjunto de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP-A), Gabriel Espínola, dijo en un discurso ante cientos de docentes que unos 80.000 maestros de todo el país acataron este miércoles el llamado a paro y protestas en rechazo a la reforma.
Tras aprobarse el texto de Senadores, el dirigente señaló que las nuevas condiciones confiscan el salario de los docentes, que al 19 % de aporte a la caja fiscal deberán sumar otro 5,5 % de abono al seguro social.