"Aunque menciona los estudios de impacto ambiental, no los establece como requisito obligatorio para otorgar concesiones. La exclusión territorial depende de planes de ordenamiento, en su mayoría inexistentes o desactualizados", señalan las organizaciones en un comunicado publicado en la página web de Provea.
Además, indican que la norma se limita a exigir responsabilidad posterior al daño, sin enfoque preventivo, y no contempla garantías financieras de restauración ni regulación de residuos.
"Tampoco prevé monitoreo ambiental independiente, acceso público a información ni auditorías externas", añadieron.
Las ONG consideran que el proyecto de ley es lesivo para los derechos de los pueblos indígenas presentes en la zona donde se realizará la actividad minera por omitir referirse al derecho de estas etnias a la demarcación de sus territorios y no menciona el consentimiento libre, previo e informado, "que es el estándar internacional actual".
Igualmente, rechazan la militarización de los territorios donde se concederán las concesiones mineras.
"La presencia militar en las minas ha estado históricamente asociada a la violación de derechos humanos, la corrupción y la creación de gobernanzas híbridas", agregaron.
Las organizaciones exhortaron a incluir en la ley mecanismos explícitos de transparencia e información pública de todos los procesos administrativos desde las autorizaciones y operaciones de las empresas que realicen la explotación minera.
También que se haga explícita la obligación constitucional de hacer estudios de impacto ambiental y sociocultural en todos los proyectos de explotación de estos recursos e incluir mecanismos de control, seguimiento y aseguramiento ambiental que garanticen el desarrollo de sistemas robustos de gestión ambiental.
El jueves, el Parlamento venezolano aplazó para una próxima sesión la segunda discusión necesaria para la aprobación del proyecto de ley de minas, una norma que podría abrir el sector a la inversión privada y extranjera, ante el interés expreso de Estados Unidos en el oro del país suramericano.
Durante la sesión, el Legislativo leyó 12 de los 130 artículos de la ley de minas y decidió posponer la segunda discusión por sugerencia del diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela, quien presentó el proyecto la semana anterior.
Camacho argumentó que es necesario más tiempo para escuchar a más ciudadanos que participan activamente en la comisión parlamentaria y en los debates a nivel nacional.