"Las fuerzas gubernamentales y las milicias cometieron graves abusos contra las comunidades civiles del condado de Nagero, dejando a muchas personas sin nada a lo que volver", afirmó en un comunicado la directora adjunta para África de HRW, Laetitia Bader, quien exigió al Gobierno sursudanés investigar los hechos con rapidez y depurar responsabilidades entre los mandos.
Tras entrevistar a más de una treintena de supervivientes y analizar imágenes satélite, la ONG documentó que las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF) y el opositor Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA/IO) convirtieron la zona en escenario de "graves atrocidades" entre enero y noviembre del año pasado.
Según la investigación, las tropas gubernamentales ejecutaron sumariamente al menos a ocho civiles, incluidos niños, sometieron a palizas y malos tratos a detenidos e incendiaron y saquearon viviendas, escuelas y centros de salud tras acusar a los vecinos de la zona de apoyar a la rebelión.
Entre los casos documentados, HRW señaló que el 6 de octubre de 2025 un grupo de unos treinta soldados irrumpió en un campamento improvisado de refugiados y mató a seis personas, tres de ellas niños.
Asimismo, la organización denunció violaciones grupales contra las mujeres en las inmediaciones de los cuarteles militares por parte de soldados del Gobierno, incluidos efectivos al mando del comandante James Nando, sancionado ya en 2023 por EE.UU. por violencia sexual.
Por su parte, las fuerzas de la oposición también llevaron a cabo emboscadas y agresiones armadas contra la población civil durante las hostilidades.
El informe destaca que la violencia se vio agravada por las tensiones entre las etnias Balanda y Azande, así como por la destitución en 2025 del gobernador opositor de Ecuatoria Occidental, por parte del presidente Salva Kiir.
Durante las ofensivas, los soldados saquearon almacenes de alimentos, destruyeron la red de iluminación solar de los hospitales y desvalijaron escuelas, provocando el desplazamiento de más de 20.000 personas hacia zonas como Wau, Bazia o la capital del país, Yuba.
Durante la huida, varios ancianos y enfermos murieron por falta de asistencia.
Pese al paulatino regreso de parte de la población, la inseguridad y el bloqueo de la ayuda humanitaria mantienen a la zona al borde de una severa crisis alimentaria.
En este contexto, HWR trasladó su investigación al jefe del Estado Mayor del Ejército a principios de julio sin obtener respuesta, por lo que urgió a la Misión de Asistencia de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) y a la Unión Africana a reforzar las patrullas de protección y reactivar los mecanismos de rendición de cuentas en el país.
Independizado en 2011, Sudán del Sur arrastra una prolongada crisis que comenzó en 2013 con la guerra civil entre Kiir y el vicepresidente detenido Riek Machar, un conflicto con unas 400.000 muertes cuyo acuerdo de paz de 2018 nunca se aplicó por completo.
La reciente escalada bélica, sumada a las inundaciones y a la llegada de refugiados que huyen de la guerra en la vecina Sudán, mantiene a cerca de diez millones de sursudaneses dependientes de la ayuda humanitaria.