El abogado Santiago Moratorio defiende al presunto capo narco uruguayo Sebastián Marset, quien se encuentra preso en los Estados Unidos. Este jueves, el profesional expuso mediante un comunicado una serie de aparentes trabas institucionales en Uruguay sobre la obtención del certificado de antecedentes judiciales de su defendido.
Según indicó, el trámite se llevó a cabo por la vía regular, actuando como apoderado con poder notarial ante la Dirección Nacional de Policía Científica, donde se abonó la tasa correspondiente y se declaró un fin legítimo: presentarlo como prueba en un juicio que Marset enfrentará en EE.UU. en enero de 2027.
El letrado enfatizó que el documento fue emitido legalmente por el Estado a través del único organismo competente y que la defensa no redacta ni decide el contenido de dichos certificados. Asimismo, recordó que, conforme a la Convención de La Haya, la apostilla se limita a certificar la autenticidad de la firma y el sello de un documento público, sin avalar su contenido ni constituir un juicio sobre la persona, por lo que ninguna norma permite negarla basándose en quién es el titular.
Además, califica como sumamente grave el manejo del caso por parte de las autoridades al denunciar que un documento público expedido por el Estado fue retenido, trasladado entre ministerios en un vehículo oficial y entregado en el despacho del Ministro del Interior sin que mediara una resolución escrita ni fundada, mientras que a la defensa se le aseguraba durante semanas que el documento no se encontraba en el lugar. “Esto no es una discusión sobre Sebastián Marset. Es una discusión sobre cómo actúa el Estado y sobre si las reglas valen igual para todos”, apuntó.
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Filtración del documento
Otro de los puntos señalados por el abogado es la filtración del documento, que terminó publicado en redes sociales con los datos personales de Marset sin haber sido entregado previamente a la defensa.
Si bien el abogado aclaró que “respeta plenamente el trabajo de la prensa”, exigió que se investigue al funcionario que incumplió su deber de reserva al filtrarlo.
Finalmente, informó que ya presentó peticiones formales ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior para exigir que se informe el paradero del certificado, se reactive el trámite con su respectiva apostilla o se emita una resolución fundada.
“Si las vías administrativas no dan respuesta en tiempo útil, acudiré a la Justicia. El derecho de defensa no depende del nombre de quien lo ejerce. Toda persona, aun la más cuestionada, tiene derecho a defenderse con los documentos que el propio Estado le expide. Cuando las garantías se aplican según quién sea el interesado, dejan de ser garantías para todos”, concluye.
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