"Noticias preocupantes desde Ecuador. La destitución de tres jueces supuestamente por su actuación al resolver un recurso judicial suscita serias preocupaciones sobre las garantías de independencia judicial", escribió Satterthwaite en su cuenta de X.
La experta añadió que "la independencia judicial exige que los jueces puedan decidir conforme a derecho, sin temor a sanciones por el contenido de sus resoluciones".
El cuestionamiento de Satterthwaite se unió al que en la víspera realizó la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, quien señaló que "destituir a jueces por levantar una prisión preventiva envía un mensaje intimidatorio a toda la judicatura del país".
Los magistrados, que fueron destituidos el martes por el pleno del Consejo de la Judicatura, integraron el tribunal que el pasado 2 de abril conoció un recurso de apelación y revocó la prisión provisional impuesta a Alvarez, a sus dos hermanos y a otras dos personas.
En ese entonces, la Fiscalía los investigaba por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, vinculado a la comercialización de combustibles, el negocio familiar del alcalde de la ciudad más poblada de Ecuador.
Según el Ministerio Público, los procesados por esta investigación habrían utilizado empresas de papel domiciliadas en Panamá para obtener "beneficios económicos indebidos" mediante la reventa de diésel subsidiado a precios del mercado internacional.
Sin embargo, la jueza ponente del tribunal afirmó que los elementos expuestos por la Fiscalía hasta ese momento no eran "suficientes para establecer la existencia del delito" y que tampoco se había podido determinar que había "existido la probabilidad de participación de las personas procesadas en el acto delictivo".
Con esa decisión, los hermanos del alcalde salieron bajo libertad condicional de la cárcel El Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa e inspirada en el modelo carcelario implementado por Nayib Bukele en El Salvador, pero el político siguió recluido por otros dos casos.
De acuerdo a la Judicatura, los magistrados "excedieron sus funciones al emitir una valoración sustantiva de fondo sobre la tipicidad de la conducta, la existencia del delito y la estructura criminal, desnaturalizando la etapa procesal al utilizar esta audiencia como una etapa probatoria".
Posteriormente, la Fiscalía reformuló los cargos de este caso a solo lavado de dinero y otro juez volvió a imponer a los hermanos Alvarez otra prisión preventiva.