Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó a través de redes sociales que sigue atentamente el desenvolvimiento de la querella planteada por la exviceministra de Tributación Marta González Ayala, contra la directora de ABC Color Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano.
“Vamos a seguir este caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió que el derecho penal no es compatible con la Convención Americana cuando está en juego el interés público y en especial en casos de presunta corrupción”, escribió Lanza en su cuenta particular en Twitter, tras ser arrobado al caso judicial que está en proceso en el Paraguay.
El esposo y abogado de González, Jacinto Santamaría, manifestó a medios de comunicación que la querella no solo pretende un millonario resarcimiento de 1.400.000 de dólares , sino que solicitarán la pena privativa de libertad contra nuestros compañeros de trabajo.
Para calcular el monto que pretenden conseguir con la querella, Santamaría señaló que nuestro diario publicó tres materiales en tapa sobre la licitación del sistema Marangatu y planteó un resarcimiento calculando un dólar por cada lector llegando a la cifra citada.
La exviceministra quedó molesta por una serie de publicaciones sobre el proceso de licitación para la implementación del nuevo sistema de Tributación Marangatu realizadas entre marzo y abril de 2019.
El matutino reveló que González, entonces viceministra de Tributación, firmó un millonario contrato (por más de US$ 3 millones) para el desarrollo y la implementación del sistema tributario con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), de cuya comisión directiva formaba parte al momento de la firma del documento.
No hubo competencia, y alegaron desde la SET para justificar la adjudicación, que los de CIAT eran los únicos con la experiencia requerida, aunque estos terminaron tercerizando el contrato.
El mismo ente responsable del caos fue contratado luego para la “solución”.
Tras la firma del acuerdo, el organismo la ungió presidenta. Firmas paraguayas habían presentado sendas protestas contra el llamado, puesto que finalmente fue una empresa panameña la subcontratada por CIAT para la ejecución del mencionado proyecto.
Informes que no son contestados
La defensa de nuestros compañeros de trabajo remitió pedidos de informes al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y también a la empresa que fue contratada por el organismo para la ejecución del proyecto, que hasta ahora no fueron contestados.
La causa se elevó a juicio luego de que los abogados César Coll y Rodrigo Yódice, representantes de nuestros compañeros de trabajo, rechazaran la posibilidad de conciliación.
Llamativamente el juez Elio Ovelar intentó realizar el juicio, pero sin la respuesta a los pedidos de informes solicitados por los referidos abogados, que por ese motivo recurrieron a la Cámara de Apelaciones.