El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, defensor de Efraín Alegre, presentó ayer apelación contra la decisión de la jueza Cynthia Lovera, quien el martes pasado rechazó el pedido de eximición y dictó medidas alternativas a la prisión para el procesado por supuesta producción de documentos no auténticos, producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso.
La defensa argumenta que la resolución es “infundada y por ende arbitraria”, ya que considera que en su imputación el fiscal Édgar Sánchez no describe cuál es el documento público que produjo Alegre.
Agrega que por ley, al ser candidato a presidente de la República, Alegre no puede ser considerado administrador del Partido Liberal Radical Auténtico y, por ende, no pudo haber utilizado facturas adulteradas para justificar los gastos que tuvo la agrupación política en las elecciones generales de 2018.
La Cámara de Apelaciones debe resolver si lo resuelto por la jueza es lo correcto o si da lugar a lo requerido por Alegre en esta causa.
Medidas alternativas a la prisión
Efraín Alegre tiene prohibición de salir del país, restricción de cambiar de domicilio sin dar aviso al Juzgado y una fianza G. 150 millones que debe presentar en un plazo de 20 días.
Sin embargo, el titular del PLRA anunció que no cumplirá las medidas dictadas por el Juzgado de Garantías porque a su criterio no corresponden.
“Esperaré que pasen los 20 días y que la jueza me diga en qué cárcel debo cumplir la prisión preventiva porque esto es una persecución política”, puntualizó el político opositor.
Según la fiscalía, tanto el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) como Pascual Benítez y Luis Moriz, administradores de su campaña electoral en Alto Paraná, al rendir cuentas ante la Justicia Electoral habrían cometido los delitos de producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido apócrifo.
Conforme a la imputación del Ministerio Público esto derivó en la compra irregular de combustible por G. 98 millones con una factura supuestamente fraguada.