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El Gobierno argentino de Alberto Fernández aprobó los fondos necesarios para la terminación de las obras de construcción de la futura planta de uranio de la estatal Dioxitek en Formosa (produce el combustible para las centrales nucleares), asentada en la provincia vecina a Paraguay.
El Ministerio de Economía Federal asignó 1.240 millones de pesos en la construcción, en la mano de obra y en equipamiento tecnológico, para la terminación de la obra este año.
La futura factoría, asentada a 16 kilómetros de la ciudad de Formosa y a 20 kilómetros de Paraguay, tiene más de dos años de atraso. Debía culminar en el 2018.
En su momento, el emprendimiento generó rechazo en los propios formoseños y en las localidades paraguayas de Alberdi y Pilar. El cuestionamiento es el peligro latente para la salud y el medioambiente.
La recordada dirigente social pilarense Ludmila de Sánchez señaló en las recurrentes manifestaciones en Ñeembucú que “el país está en riesgo, la planta de uranio es considerada una planta nuclear, el efecto es el mismo”. “Lo que nadie puede responder es qué harán con los desechos tóxicos, qué tratamiento les darán a dichos desechos”, expresó.
En Formosa la situación no era diferente. Los entonces diputados provinciales Rubén Rodríguez y Ricardo Carbajal (Cambiemos) manifestaron que la preocupación en la sociedad formoseña no es solo porque Dioxitek atentará la salud y el ambiente, sino porque viola la Constitución argentina.
En los pobladores formoseños hay temor de hablar de la futura planta. Fuera de micrófono señalaron que la factoría genera posturas divididas, porque el emprendimiento tiene el fuerte apoyo del gobernador Gildo Insfrán (peronista). Está en el cargo desde 1995.
En Paraguay, los entonces senadores Arnaldo Giuzzio (PDP), Arnoldo Wiens (ANR) y Fernando Lugo (FG) pidieron que la Cancillería solicite informes al Gobierno argentino.