Actos de corrupción afectan calidad de vida de la gente, dice Contraloría

Entre finales de 2018 y octubre de 2020, la Contraloría General de la República (CGR) detectó daño patrimonial por más de G. 408.000 millones.

Estos fondos podrían haber representado millonarias mejoras para el servicio de salud pública, de acuerdo a datos que aparecen en la segunda edición de la revista Ñangareko, publicada anualmente por el ente de control. El material fue elaborado por funcionarios del órgano contralor, bajo la coordinación de Graciela Reyes, directora de la Dirección General de Planificación e Informes del ente contralor.

“Los actos de corrupción, cometidos por funcionarios públicos, que fueron detectados, cuantificados y reportados por la CGR, representan un costo social sustancial, cuyo valor estimado, de ser aplicados en áreas sensibles de la sociedad, redundarían en cambios transcendentales que permitan cubrir las necesidades insatisfechas de la ciudadanía con relación a obras de infraestructura y mejora de los servicios públicos de salud, educación y seguridad”, señala el informe.

Millonarios daños

La CGR presentó a la Fiscalía General del Estado 3 denuncias por perjuicios patrimoniales al erario público para el inicio del proceso penal, de los cuales 2 fueron cuantificados por un total de G. 8.541.473.124 y correspondían al ejercicio fiscal 2018.

Además, remitió un total de 19 reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio público para su investigación pertinente por parte del Ministerio Público, conforme a sus facultades constitucionales y legales, por un total de G. 33.489.281.635.

Es decir, se detectaron desfalcos por un total de G. 42.030.754.759.

Entre enero y octubre de 2020, elevó un total de 49 reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio público para su investigación pertinente por parte del Ministerio Público, por un total de G. 366.585.802.073.

En total, se verificaron supuestos daños patrimoniales por un total de G. 408.616.556.832 (unos US$ 58.000.000).

Lo que se podría haber hecho con ese dinero

Con el importe cuantificado como denuncias penales e indicios de hechos punibles correspondientes al 2019, pudieron haberse adquirido 796.942 dosis de vacunas contra la hepatitis A. Realizando otro cálculo en forma opcional, pudieron haberse adquirido 1.343 camas eléctricas de uso hospitalario para internados.

Con ese dinero, se podrían haber adquirido 3.897.149 raciones de almuerzo escolar. Es decir, se podría haber comprado raciones de alimento para más de la mitad de la población, si se tiene en cuenta que la población total estimada es de unos 7.000.000 de habitantes.

Además, el dinero se podría haber utilizado para adquirir 289 patrulleras para fortalecer el sistema de seguridad pública.

Lo que no se recibió en 2020

Los más de G. 366.000 millones de fondos públicos desfalcados en 2020 podrían haber significado la compra de un total de 717 ambulancias. Asimismo, se pudieron instalar 67 plantas generadoras de oxígeno.

También pudo haberse construido 1.396 espacios educativos para la primera infancia o haber adquirido 32.707 motocicletas para reforzar a la Policía Nacional.