El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), presidido por Gail Gina González Yaluff, desde octubre del año pasado, en lugar de contribuir al respeto de la propiedad privada, está empeorando la problemática del campo a través de numerosas mensuras o intervenciones administrativas en procesos judiciales, de acuerdo a las palabras del Abog. Diego Torales, miembro de la Junta Asesora y de Control del Indert por la ARP.
En conversación con este diario, Torales enfatizó ayer sobre la preocupación de los empresarios agroganaderos con relación al aumento de las invasiones de propiedades. “Preocupa que se están invadiendo campos de vuelta en esta época de cosecha. Y encima, en muchas invasiones se menciona al Indert”, explicó, haciendo referencia a que los autodenominados “sintierra” se escudan en el propio ente rural y en las acciones que desde allí se llevan a cabo.
Por ejemplo, el Indert en la administración actual de González Yaluff está llevando adelante mensuras y en muchos casos ni siquiera hay excedente fiscal que lo justifique. En estos momentos hay más de 30 mensuras en desarrollo en distintos departamentos, de acuerdo con el dato manejado por la ARP. Si bien la mensura en sí misma no otorga ni quita derechos, para los campesinos esa acción es como tener el respaldo del Indert.
Pero no es extraño que esto ocurra en año electoral, de acuerdo con lo acotado. Este año se eligen a los intendentes municipales de todo el país, por lo que los políticos están queriendo sacar todo el rédito posible con posibles votantes. “Las invasiones responden directamente al calendario electoral”, acotó Torales.
Intendentes arremeten contra el Indert
Pero en el caso del gremio de intendentes que nuclea a jefes comunales de Alto Paraná, la postura es abiertamente en contra de lo que está sucediendo con los ingresos de campesinos a las propiedades. En una nota dirigida al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se dejó constancia también de la preocupación sobre esta problemática e incluso se cuestiona la labor del Indert.
Justo César Gamarra, intendente municipal de Iruña y presidente de la Asociación de Municipalidades del Alto Paraná, firmó una nota fechada el 21 de enero, que hace referencia a la “profunda decepción” que sienten en esa parte del país al constatar notas judiciales de procesos iniciados para realizar mensuras que abarcan gran parte de los municipios de Mbaracayú y Santa Fe del Paraná.
“Esta situación viene a engrosar una serie de situaciones que venimos soportando desde muchos años, los atropellos y arbitrariedades a los que hemos sido sometidos a consecuencia de acciones de políticos inescrupulosos, que durante años han falsificado títulos de propiedad para obtener créditos de los bancos, superponiendo fincas que han sido utilizadas para extorsionar a los verdaderos propietarios de fincas, quienes han surcado los montes del Alto Paraná desde más de 35 años. Hoy nuevamente sufren la persecución de una institución del Estado, que con esta acción judicial no hace más que incentivar las invasiones de los belicosos dirigentes campesinos que acompañan estos procedimientos que no favorecen en nada a la democracia del país”, se lee en parte de la nota.
Las zonas más afectadas por las invasiones son las propiedades de Caaguazú, Alto Paraná, Misiones e Itapúa, según los datos que maneja la ARP.
Otra queja respecto a la gestión de González Yaluff es que expedientes que tienen décadas de gestión y que aún no salieron, se pretende reiniciar. “Ella no quiere que haya registro de beneficiarios. Está pidiendo ir a foja cero. ¿Y qué pasa con la gente que hace 20 años está con su proceso?”, cuestionó Torales, miembro de la Junta Asesora y de Control del ente agrario como representante de la ARP.
Si tienen título no deben temer, contesta González
La presidenta del ente agrario señaló, por su parte, que si tienen títulos de propiedad, los agroganaderos no tienen por qué temer. En el caso de no poseerlo y estar explotando tierras del Estado, se debe saber también para poder ser adjudicado, toda vez que cumpla con el perfil de beneficiario del estatuto agrario.
“Las mensuras de las colonias no precisamente son promovidas a instancia de los campesinos. Las colonias de origen fiscal y adquiridas que son patrimonio del Indert necesitan mensura judicial o verificación total para su regularización y poder titular a los que ocupan las tierras del Indert, siempre y cuando reúnan los requisitos para ser sujetos de la reforma agraria”, dijo ayer a ABC.
“Tienen que informar al Indert si están detentando tierras públicas. Todos tenemos que movernos en el marco de la ley. Los campesinos tienen que respetar la propiedad privada y ellos (los agroganaderos) tienen que respetar las tierras públicas”, agregó.
“Yo quiero saber dónde se produjo una invasión porque se haya hecho una mensura judicial. Es un ‘cuco’. En Alto Paraná se hicieron verificaciones, pero eso es nuestra potestad. Imaginate si no podemos entrar a nuestra colonia”, dijo la presidenta del ente.