Dura crítica de diputada a fiscala general que pidió más cargos y aumento salarial

“Usted está pidiendo 400 nuevos cargos prácticamente y su institución es una de las que más se queja la gente. La gente dice que la Fiscalía no hace nada o es laxa”, le señaló Amarilla a Quiñónez, cuando estuvo ante la Comisión Bicameral para defender el presupuesto del Ministerio Público para 2022 y en el que se prevén además G. 109 mil millones para aumento salarial.

La legisladora le reclamó a la fiscala general por qué la institución que dirige se muestra dura con los narcotraficantes y laxa con los políticos procesados por corrupción que siguen administrando sus bienes. Le citó los casos de Ulises Quintana (diputado colorado); Justo Cárdenas (extitular de Indert), Miguel Cuevas (diputado), Javier Díaz Verón (exfiscal general) y Óscar González Daher (condenado por enriquecimiento ilícito).

“En el caso de todos los políticos corruptos se les incauta el dinero, pero mientras dura el proceso ya desaparecen todos sus bienes. Sin embargo, por ejemplo, en caso de narcotráfico, caso Cucho (Reinaldo Javier Cabaña), le incautaron hasta el living. Porque en los procesos a los políticos no se actúa de la misma manera. Hay un olor a protección. A usted se le acusa de responder órdenes de un sector del Partido Colorado, eso repite la gente y la prensa. Si usted hubiera dado muestra de que no es así, quizá no se siga repitiendo”, le manifestó Amarilla a Quiñónez.

“En el proceso por la muerte de Rodrigo Quintana, nada, esta ahí. ¿Qué hay que hacer para que termine ese caso?”, expresó la legisladora liberal.

“En el caso de este otro corruptito, el disc jockey de Central (por Hugo Javier González), ¿en que está ese caso?”, le reclamó Amarilla a la fiscala general.

“Entonces, con la imagen que usted da es difícil sostener después un aumento de G. 110.000 millones para aumentar salarios”, enfatizó.

La diputada le cuestionó duramente a Quiñónez que incluya en su proyecto de presupuesto la creación de nuevos cargos cuando cientos de funcionarios del Ministerio Público están comisionados a otras instituciones. “¿Por qué en vez de crear nuevos cargos usted no lleva a la fiscalía los funcionarios suyos que están esparcidos por todo el Estado? Hay que hacer una reingeniería porque no se puede seguir contratando gente. Acá en el Parlamento hay planilleros, otros que vienen y no hacen nada y muchos son de la Fiscalía. Contados por los dedos son los que trabajan”, añadió la legisladora, e insistió a Quiñónez que es “muy difícil abogar y defender esto cuando no vemos los resultados”.

La respuesta

Por su lado, Quiñónez le prometió a la diputada que le iba a enviar informes sobre los procesos que mencionó. “Nosotros, todo lo incautado enviamos a Senabico”, apuntó la titular del Ministerio Público.

Con relación al proceso por el crimen de Rodrigo Quintana dijo que está pendiente de realización la audiencia preliminar.

En lo que hace a la Gobernación de Central dijo: “Hay una investigación y los fiscales están trabajando con responsabilidad y objetividad”.

En cuanto a los comisionados, admitió que la fiscalía destina G. 12.000 millones al año en el salario de los funcionarios que prestan servicios en diferentes entes del Ejecutivo, en la Cámara de Diputados y Senadores.

“En algunos ministerios, señora diputada, la necesidad que tienen es imperiosa y piden por funcionarios del Ministerio Público, porque nosotros formamos nuestros funcionarios, nos esmeramos para capacitarlos dentro de toda la precariedad en la que el Ministerio Público se maneja”, apuntó Quiñónez.

Sandra Quiñónez solicitó a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso un aumento del 23% en el gasto de la institución, que incluye una suba salarial del 10% para los funcionarios y la creación de 393 cargos. Como anticipándose a las críticas sobre los sonados casos que involucran a políticos, durante su exposición abrió el paraguas y afirmó que es “fácil criticar desde afuera”. La Fiscalía tiene asignados G. 638.916 millones (US$ 93 millones), lo que representa una reducción del 1,5% con respecto al vigente, por lo que requirió que se eleve a G. 788.121 millones (US$ 114,7 millones), que implica un aumento de G. 149.204 millones (US$ 21,7 millones), que equivale al 23%. El plan de gasto que pretende ejecutar el Ministerio Público incluye un incremento salarial del 10% para funcionarios que ganan hasta G. 10 millones mensuales, argumentando que desde el año 2019 no tienen ninguna mejora como se le había prometido desde Hacienda.

Más cargos

También plantea la creación de 393 cargos, entre otros 40 para agentes fiscales con sus respectivas estructuras (120 asistentes, 80 secretarías y 4 auxiliares), médicos forenses, psiquiatras, psicólogos, choferes, entre otros cargos. Actualmente la institución cuenta con 5.207 puestos. El aumento salarial y las creaciones de cargos costarán a los contribuyentes que pagan los impuestos G. 109.509 millones (US$ 15,9 millones) más.

El Ministerio Público, durante la gestión de Quiñónez, es acusado de ser selectivo. Es decir, impulsa las investigaciones en algunos casos y en otros no, lo que da una sensación de que responde a intereses políticos.

Los ciudadanos organizados en reiteradas ocasiones señalaron que la Fiscalía no representa a la sociedad y que rechazan la gestión de Quiñónez.