El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por las juezas Yolanda Morel (presidenta), Elsa García y Yolanda Portillo condenó a 4 años y 6 meses de cárcel al funcionario de la Dirección Nacional de Aduanas, Luis Roberto Pintos Aguilera, por el hecho punible de enriquecimiento ilícito en la función pública; y a su esposa Nancy Fabiola Chamorro Paredes a 2 años de pena, pero con suspensión de la ejecución de la condena, por lavado de dinero.
Como pena adicional el tribunal ordenó el comiso especial de un inmueble ubicado en la ciudad de Areguá, que está a nombre de Pintos Aguilera, ya que el mismo fue obtenido con el dinero obtenido ilegalmente por el funcionario de Aduanas, según quedó probado en el juicio oral.
Además las juezas del Tribunal Especializado en Delitos Económicos impusieron a los condenados la sanción adicional de 3 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Dicho plazo empezará a correr una vez que la sentencia quede firme.
Para las magistradas quedó probado que el funcionario público y su esposa adquirieron inmuebles y vehículos de alta gama, hicieron otras inversiones y depositaron sumas de dinero en cuentas bancarias, entre los años 2008 y el 2017, con recursos de fuentes desconocidas. Es decir, el matrimonio utilizó el dinero obtenido ilegalmente por Pintos Aguilera para realizar dichos gastos.
Los ahora condenado seguirán con las medidas alternativas a la prisión, hasta tanto quede firme la sentencia dictada, según dispuso el Tribuna. El fallo integro será entregado a las partes el próximo jueves 18, a las 13 horas.
Los fiscales Néstor Coronel y Alma Zayas habían solicitado una condena de 11 años de cárcel para el funcionario estatal y 3 años de pena privativa de libertad para su esposa; además del comiso por la suma de G. 424 millones, alegando que dicho monto era el fruto del enriquecimiento ilícito del aduanero.
Antecedentes
El periodo investigado a Pintos Aguilera parte del 2008 al 2017, mientras cumplía funciones en el sector público, tiempo en el cual incrementó su patrimonio, de manera superior a sus legítimas posibilidades, como también el patrimonio de su esposa Chamorro Paredes, sin contar con el respaldo legal.
El Ministerio Público probó en el juicio oral que el funcionario de Aduanas y su esposa no contaban con vehículos registrados a sus nombres al inicio del periodo investigado, pero a partir del 2014 compraron vehículos de alta gama por G. 1.350.177.600.
La pareja tampoco contaba con bienes inmuebles en el 2008, pero posteriormente adquirieron inmuebles por G. 1.217.240.000.
En el 2014, Pintos Aguilera también conformó con capital de G. 170.000.000 la empresa Fepisa SA, para la producción y venta de hielo. Hasta el 2017 la firma no registró distribución de utilidades ni dividendos, pero en este año, el aduanero percibió G. 132 millones como director de la firma. Su esposa es directora suplente.
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El Ministerio Público también constató en las diligencias investigativas que en el 2016 se registraron depósitos en cuentas bancarias, superiores a los salarios percibidos y declarados formalmente como funcionario público.
Pintos Aguilera ingresó a Aduanas en el 2005 con un modesto salario de G. 400.000 como auxiliar administrativo. En marzo de 2017, prestó servicio como Jefe del Departamento de Análisis y Gestión de Riesgos, dependiente de la Dirección de Fiscalización con salario de G. 13.500.000 mensuales.
Entre el periodo comprendido entre el año 2008 hasta el año 2017, percibió la suma total de G. 2.600.328.464 en concepto de salarios como funcionario público.
Defensa cuestiona “mala praxis fiscal”
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos anunció que apelará la sentencia dictada en contra de sus defendidos, y que incluso está dispuesto a llevar el caso hasta ante el Tribunal de La Haya para demostrar que la investigación fiscal tiene diversas irregularidades.
“La sociedad paraguaya corre riesgo en manos de estos fiscales. Me dio mucha pena por los representantes que tiene el Ministerio Público, es una atrocidad jurídica la que cometieron en esta causa”, cuestionó el letrado, quien ejerció la defensa de los encausados junto a su colega Santiago Lovera.
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El profesional del derecho añadió que el caso llegó a juicio oral con una diferencia de G. 159 millones, que supuestamente sus clientes no podían justificar, pero los fiscales intentaron aumentar 35.000 dólares a esa suma y con ese supuesto monto de enriquecimiento ilícito solicitaron 11 años de cárcel para Pintos Aguilera.