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LISBOA (EFE). La nueva ley, que parte de las propuestas de ocho partidos y una diputada, criminaliza el llamado “enriquecimiento ilícito” de los cargos políticos y públicos, que estarán obligados a declarar cualquier aumento de patrimonio que supere 50 veces el salario mínimo (actualmente 33.250 euros).
También tendrán que declarar las promesas de ventaja patrimonial -cuando se pacte recibir esa cantidad en el futuro- realizadas durante su mandato o en los tres años siguientes o si se ha producido una reducción de su deuda superior a ese montante.
La ley se aplica tanto a las variaciones de patrimonio ocurridas en territorio nacional como en el extranjero y la declaración debe especificar el origen de esos cambios. Los cargos que no cumplan con esta norma podrán ser condenados con una pena de prisión de entre uno y cinco años.
Además, todos los incrementos patrimoniales no justificados que se detecten y superen 50 veces el salario mínimo serán tributados a efectos de IRPF a la tasa especial del 80 %.
La normativa fue aprobada por unanimidad, aunque el mayor partido conservador, el PSD (centroderecha), alertó de que hay algunos apartados de la ley que pueden ser inconstitucionales porque, a su juicio, viola el principio de presunción de inocencia, mientras que los socialistas defienden que el texto respeta la Carta Magna.
El Tribunal Constitucional ya vetó en dos ocasiones (2012 y 2015) leyes anteriores que buscaban criminalizar el enriquecimiento ilícito. La normativa aprobada ayer culmina una década de intentos para endurecer ese delito en Portugal, donde el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, instó en varias ocasiones a avanzar con la aprobación de dicho enunciado.
La ley llega en medio de la llamada “Operación Marqués”, que implica al ex primer ministro José Sócrates, quien dirigió el Gobierno socialista entre 2005 y 2011.
Sócrates fue acusado por la Fiscalía de 31 delitos de corrupción, fraude fiscal, blanqueo y falsificación de documentos, tras recibir sobornos de hasta 34 millones de euros que le permitieron enriquecerse. Pero el magistrado Ivo Rosa dictó que Sócrates solo deberá sentarse en el banquillo por tres delitos de blanqueo de capitales y tres de falsificación de documento, decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía.