Si bien existen dudas en torno al proyecto que regularía los créditos de carbono en Paraguay, es importante hablar sobre los proyectos que se verían afectados ante una eventual mala administración de este tipo de mercado ambiental.
José Luis Cartes, director de la Asociación Guyra Paraguay, contó que la organización lleva a cabo un proyecto denominado “Conservación de Bosques en Paraguay”, en la Finca Tobich de Bahía Negra, Alto Paraguay; y la comunidad campesina La Amistad, de Alto Verá, Itapúa. Ambos territorios se solventan gracias al mercado de carbono.
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Explicó que en la zona del Pantanal la propiedad tiene más de 4.700 hectáreas, donde viven miembros de la Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Ishir (UCINI), quienes son copropietarios del predio.
“Nosotros nos comprometemos a conservar el bosque así como está, entonces una empresa logística en el sudeste asiático nos paga por mantener ese carbono que está en las plantas, en forma de bosques, no hay degradación, no hay deforestación”, detalló sobre cómo funciona el mercado de carbono.
El biólogo especialista en conservación explicó que los proyectos de Guyra tienen como objetivo proteger ese “almacén o stock de carbono”. “Porque ese carbón ya está en las plantas, nosotros lo mantenemos ahí en forma de bosques”, precisó. Además, de esta manera también crece la biodiversidad, pues muchos animales han sido captados por cámaras “trampa”.
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Contó que las comunidades indígenas al final recibirán la titulación del 100% de sus tierras, que fueron adquiridas por Guyra y siguen siendo mantenidas mediante los créditos de carbono. “Lo que venimos haciendo es mantener la certificación de ese proyecto, midiendo el carbono, haciendo análisis satelitales que demuestran que no hay cambios ni degradación, haciendo también análisis de la biodiversidad, y también están los beneficios sociales”, agregó.
El objetivo es que, para el 2033, si se sigue manteniendo el acceso a créditos de carbono, las comunidades indígenas tengan los títulos de su propiedad.
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Campesinos protegen sus bosques y, además, obtendrán la titulación
De la misma manera trabajan en Itapúa, donde actualmente miembros de “La Amistad” reciben US$ 180 por hectárea, por año, por mantener ese espacio en forma de bosque, salvo una cantidad bien estipulada de leña.
“Entonces en un acuerdo que hicimos con el Indert y los miembros de la comunidad campesina, llegamos a un acuerdo de que nosotros le vamos a pagar eso, a cambio de que también ellos paguen su titulación. Entonces a partir del año pasado ya estamos entregando títulos de propiedad”, mencionó como otro beneficio.
En esa zona, lamentó, muchos miembros terminaron saliendo durante una los incendios forestales del 2020. Sin embargo, todavía tienen 25 fincas campesinas dentro del proyecto.
El ambientalista señaló que todo el proceso de certificación es muy costoso y se realiza mayoritariamente con empresas extranjeras. Por ese motivo, vio como un problema la eventual ley que cuenta con media sanción en el Senado, puesto que se plantean tasas impositivas que podrían ocasionar que los proyectos de carbono terminen siendo inviables para los propietarios de pequeñas hectáreas.
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¿Cómo trabajan actualmente los créditos de carbono?
El biólogo explicó que estos son proyectos que ingresan al mercado internacional voluntario, y que, si bien no existen reglas en la legislación nacional, sí existen reglas en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
“Entonces, todo el proceso de certificación y de verificación, es un proceso bastante duro, bastante difícil y costoso, porque uno tiene que cumplir con muchísimos requisitos para que te otorguen la validez de ese mercado”, agregó.
Las agencias encargadas de otorgar dicha certificación deben estar aprobadas actualmente por dicha Convención de las Naciones Unidas y organizaciones certificadoras habilitadas. “Y son todas internacionales, no hay ninguna nacional, por esos son muy costosas”.
Detalló en cada año deben hacer monitoreos, luego también verificaciones profundas y, además, después de unos años deben realizar una re-certificación, con todas las mediciones completas.
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Altas tasas impositivas podrían truncar proyectos
En otro momento, el representante de Guyra señaló que, si bien no pudo profundizar bien en el proyecto actual que se encuentra en el Senado, la preocupación está en la tasa impositiva. “La principal crítica que estamos teniendo es el monto que se asigna como pago, que no estipula un monto específico, sino que menciona que será del 3 al 10% de pago por el carbono, debería ir al Ministerio del Ambiente”, señaló.
“Al final ese pago, más los cánones que exige el Mades también con otros procesos, puede hacer inviables muchos proyectos de carbono, porque los procedimientos de las certificaciones son muy costosos y complicados, generalmente nosotros tenemos que recurrir a organizaciones intermediarias que nos ayuden a certificar”, explicó.
Además, aseguró que para certificar los predios se debe recurrir a empresas internacionales y mantener la certificación es sumamente costosa. “Proyectos de carbono que no sean de tamaño inmensamente grande no van a ser viables”, advirtió nuevamente.
Finalmente, aseguró que los propietarios de bosques en Paraguay deben enfrentarse a muchos problemas porque no tienen protección y necesitan incentivos para poder proteger sus reservas. Sufren el robo irregular de madera, se realizan plantaciones de droga, invasiones ilegales y muchos otros delitos, sin intervención del Estado.
“En Itapúa nos entran a robar madera, nos entran marihuana, queman, invaden, y nunca tenemos una respuesta clara del Estado con respecto a estas actividades ilícitas”, denunció.
Según Cartes, otra crítica al proyecto se da porque no cumple siquiera con la salvaguarda establecida por la Convención Marco de las Naciones Unidas, que es justamente consultar en especial a los indígenas, que son los mayores propietarios de bosques en el país.