créditos de carbono

Con la reciente promulgación de la ley de Créditos de carbono, Paraguay ya cuenta con una normativa que regulará la comercialización de los certificados, lo que dará mayor seguridad jurídica sobre la propiedad o titularidad de los créditos de carbono generados por proyectos desarrollados en nuestro país, así como garantizará su libre comercialización en el mercado voluntario, y otorgará transparencia a las transacciones. Aunado al hecho, de potenciar el crecimiento de la economía con la atracción de inversionistas abocados a proyectos de sostenibilidad, enfatizaron en su momento desde el Gobierno nacional.

Los mercados de carbono son sistemas comerciales en los que se venden y compran créditos de carbono. Las empresas o las personas pueden utilizarlos para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero mediante la compra de créditos de carbono de entidades que eliminan o reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con conceptualizaciones de organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El presidente Santiago Peña promulgó la Ley 7190/23 “De los créditos de carbono” pese a la polémica que generó en su primer momento por tener carácter “globalista” para algunos y para otros por no establecer reglas claras que harán “más ricos a los ricos” y empobrecerá aun más a los que poco tienen. Lo cierto y concreto es que ahora nuestro país tiene una normativa que podría generar ingresos al país y fomentar proyectos de conservación y desarrollo sostenible.

El presidente Santiago Peña difundió en sus redes un video defendiendo la Ley de Créditos de Carbono, que fue promulgada ayer. En el material compartido, el ministro del Ambiente, Rolando de Barros, asegura que el proyecto contribuirá a la conservación del ambiente, pero ignora todas las dudas y cuestionamientos.

El presidente Santiago Peña firmó hoy la Ley “de los créditos de carbono”, iniciativa que busca regular el mercado de carbono, que en pocas palabras es un pago que realizan empresas trasnacionales con actividades contaminantes, apuntando a compensar esas emisiones de dióxido de carbono pagando por el sostenimiento de bosques en países como Paraguay. La normativa fue finalmente apoyada por los legisladores cartistas que la satanizaron de “globalista”.