Carlos Oleñik habría sido parte de las sociedades: Anuaki SA, Cepagro SAECA y Arenales Paraguayos SA. A través de estas habría adquirido inmuebles de alto valor económico, según la imputación de los fiscales de Narcotráfico Osmar Segovia, Fabiola Molas e Isaac Ferreira. Oleñik, fue procesado como colaborador eficaz y proteger ciertos bienes pertenecientes a la estructura de Jarvis Chimenes Pavão, al igual que 40 personas más dentro del denominado operativo Pavo Real - Py.
Como parte de su colaboración y aprecio a Pavão, Oleñik incluso expidió el 26 de junio de 2020 un cheque por US$ 12.000, a través de la firma Cepagro SAECA, de la cual era accionista, que fue depositado en una cuenta de la organización, según la imputación.
Esta información fue obtenida con la extracción de datos del celular incautado del hijo de Jarvis, Luan Chimenez Nascimento, más conocido como Luan Pavão, de una conversación con el abogado Adrián Rolando Brizuela Olmedo.
Además, el 28 de julio de 2020, Luan le consultó a Brizuela sobre la estancia Cristo Rey de Pedro Juan Caballero, a lo que el último le indicó que por causa de un juicio de quiebra le habían quitado la propiedad a César Agustín Corvalán Pavón (buscado) y fue transferida a las empresas Cepagro y Arenales, las cuales estaban vinculadas a Oleñik, cuya prisión se dictó ayer.
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Niega ser prestanombre y se declara usurero
Carlos Oleñik Memmel (44 años), procesado por supuestamente integrar la red de lavado de dinero del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão, negó ser un prestanombre del criminal para inyectar las ganancias obtenidas con el tráfico de drogas al sistema financiero legal de Paraguay. Sin embargo, admitió ser un usurero.
“Soy usurero no un prestanombre”, expresó Oleñik en referencia a que fue él quien promovió el desalojo en contra de los ocupantes de la estancia “Cristo Rey”, ubicada en Pedro Juan Caballero, con el objetivo de quitarle el establecimiento al también imputado César Agustín Corvalán Pavón, según lo relatado a nuestro diario por su representante legal, el abogado Daniel Lobo.
Según el procesado Corvalán Pavón prestó de él G. 300 millones y como no pudo pagar el crédito le inició el juicio que está caratulado como “Cepar contra innominado sobre desalojo”.
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Durante su declaración ante el fiscal Segovia el investigado por lavado de dinero y asociación criminal expresó además que niega “haber alquilado algún hangar a alguien”, de acuerdo a lo que resalta el acta de indagatoria.
“También niego los mensajes con Luan o con Adrián Brizuela. Rechazo categóricamente que me digan que soy prestanombre de nadie”, dijo Oleñik de acuerdo al documento.
El procesado dijo en su defensa que proviene de una familia de finanzas y que su abuelo fue uno de los fundadores del banco Regional, razón por la que insistió que no tiene necesidad de ser prestanombre de nadie e indicó ser víctima de persecución por parte del abogado Ricardo Preda, ya que el letrado patrocinó varias denuncias en su contra.
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Pasó de ser defensor a supuesto testaferro del capo
El abogado Adrián Rolando Brizuela Olmedo (con prisión preventiva desde anoche) fue parte de un equipo jurídico con sus colegas Laura Casuso (asesinada en 2018), Jorge Prieto y Raúl Pérez, con quienes presentó el 1 de diciembre de 2017 una acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 2753/2005, que aprueba la extradición entre países del Mercosur.
En ese entonces brindó sus servicios profesionales al capo de la droga, Jarvis Chimenes Pavão, pero más adelante incluso comenzó a intervenir en varias transacciones de compra y venta de los bienes que serían propiedad de Jarvis, con el fin de encubrir su naturaleza real, origen, ubicación, así como su destino o derecho estos.
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En vista a que Jarvis estaba encerrado, su hijo Luan tomó las riendas de la administración de los bienes de su padre y, en este afán, mantenía supuestamente contacto con Brizuela que le rendía informes y le servía de apoyo logístico, junto con un tal “Juninho”, en relación a los inmuebles y las transacciones por la compra y venta de los mismos.
Con el paso de los años al servicio de la organización, Brizuela Olmedo no solo sería un intermediario para las operaciones, sino que también pasó a adquirir la titularidad de varios de los bienes de la organización del clan Pavão, con el objeto de resguardarlos ante eventuales riesgos de pérdida, siempre según la imputación.
Socios iban rotando entre las empresas
El clan Pavão creó firmas para utilizarlas en el esquema de lavado de dinero. Entre estas se identificaron: Lans Inversiones SA y JF Pavao SA, com principales.
Igualmente se conocieron otras firmas de maletín: Plantalandia SA, Exel Trading SA, Crefisa SA, Caucaso SA, Ganadera Del Norte SA, y Proveeduría JTJ, vinculadas directamente con la organización encabezada por Jarvis Chimenes Pavão. Estas le habrían servido para realizar operaciones legales con dinero ilícito, para ocultar o disimular el origen de los fondos y adquirir bienes muebles e inmuebles.
De la misma forma, los colaboradores como Alfredo Duarte Montiel, su esposa Ángela María Kunrath, Jorge Fernando Mora Galeano y su padre Renan Gilberto Mora Benítez, habrían rotado como socios o accionistas de las distintas empresas.
Duarte y Mora quedaron en prisión preventiva; Mora bajo arresto domiciliario.
Así se tiene en cuanto a la empresa Plantalandia SA, la cual fue constituida e inscripta en la SET en 1999, cuando era representada por Klaiber Gottfried y los socios Stormowski Flavio y Albrecht Geovani.
Para el 16 de octubre de 2007, la representación legal pasó a manos de Alfredo Duarte y como una de las socias figuraba Ángela María Kunrath, hasta el 30 de junio de 2010. Desde este año, la empresa ya vinculada a la red criminal de Jarvis, fue representada por Evaldo Andrade Dos Santos y como socios Ronaldo Adalberto Serratti Duarte y Renan Gilberto Mora Benítez.
Llamativamente, entre el 30 de junio de 2010 y el 23 de mayo de 2016, Rolando Serratti y Renan Mora, figuraron como socios de la firma Exel Trading SA, es decir, en forma paralela estos eran socios de Plantalandia SA. El directorio de Exel, hasta hace poco estaba presidido por Evaldo Dos Santos, su directores titulares eran Ronaldo Serratti y Renan Gilberto Mora Benítez
Síndicas aprobaron gestiones de firmas
Ls síndicas de las firmas del grupo de Jarvis Pavão, Gabriela Esther González Jacquet, María Cristina González Ibarra, Nancy del Carmen Alfonso ( con prisión preventiva) y Raquel Amaro González (bajo arresto domicialiario) están imputadas por lavado de dinero,
En cuanto a las funciones que habrían cumplido, fuentes señalaron que Maria Cristina González, Nancy del Carmen Alfonzo, Raquel Amaro Fernández y Marcos Raúl Aveiro, eran los síndicos de las sociedades que fueron constituidas por integrantes de la organización criminal, para utilizarlas como parte del esquema de lavado de dinero.
Las citadas anteriormente eran las responsables de fiscalizar la dirección y la administración de las empresas, pero como profesionales también habrían prestado su colaboración para avalar las declaraciones y documentaciones presentadas ante las autoridades de control, según la imputación.
En tal sentido se pudo corroborar que Gabriela González se encargaba de los trabajos de campo, vacunación del ganado y pago por vacunación a la Asociación Coordinadora Nacional de Salud Animal (Aconasa).
María González, por su parte, habría intervenido las empresas Plantalandia SA y Caucaso SA, y presentado informes avalando las gestiones hechas.
En cuanto a Nancy Alfonzo, quien intervino las firmas del grupo: Plantalandia SA, Exel Trading SA y Caucaso SA, sobre las cuales presentó informes positivos. De hecho, fue designada como directora titular de Exel Trading SA, tiempo en que habría presentado cinco informes desde 2013 al 2017.
Y Raquel Amaro González llegó a intervenir en las firmas Plantalandia SA, Exel Trading SA, Caucaso SA y Crefisa SA, entre los años 2017 y 2020. Durante las mismas, González aprobó las memorias, balances y resultados de cada ejercicio.
Abogados estaban supuestamente al servicio de la red
Los investigadores de la Fiscalía y la Senad, identificaron como otros operadores de la organización de Jarvis Pavão, imputados actualmente, Lilian Haydee Ayala de Silva, el abogado Pedro Pablo Seall Melgarejo (ambos con arresto domiciliario) , el abogado Daniel Montenegro Menezes (prisión(, esposo de la fiscala de Pedro Juan Caballero Katia Uemura, y Jorge Fernando Mora Galeano (prisión), hijo Renan Benítez.
Según las pesquisas hechas, Lilian Haydee Ayala habría actuado en varias ocasiones como representante legal de la firma Cepagro SAECA, vinculada al también imputado Carlos Oleñik; pero esta, no actuó solo, ya que tuvo acompañamiento del abogado Pedro Seall, quien fue el último en ponerse a disposición del Ministerio Público, el lunes.
Según la escritura pública N° 16 del 6 de diciembre de 2011, Carlos Corvalán transfirió la estancia Cristo Rey a Arenales Paraguayos SA, también vinculada a Oleñik, en cuya representación de esta y Cepagro acudieron Pedro Seall y Lilian Ayala.
Por otra parte, el abogado Daniel Montenegro habría colaborado con algunas transacciones para el grupo de Pavão, bajo instrucciones directas de Luan Pavão. De hecho una de sus labores fue la administración de la firma estancia “Villa Loma”, de cuya firma ya era parte desde el 2016. Como retribución percibía la suma de G. 10 millones.
Esa misma estancia fue objeto de investigación y allanamiento por el operativo denominado “Pulp Fiction”, realizado en 2017.
Así también, en la intervención del lunes último a la casa de Adrián Brizuela, se incautó un cheque por US$ 50.000 expedido por Montenegro a favor de Anuaki, en concepto de pago parcial de un préstamo de US$ 146.000.
Mientras que Jorge Mora Galeano, se desempeñaba como presidente de Exel Trading SA, directivo de Crefisa SA y, socio de Caucaso SA, junto con su padre Renan Benítez.
Una red de firmas para lavar dinero
Según los documentos que permitieron a la fiscalía hacer los allanamientos, que terminaron con la detención de unas 40 personas en torno al operativo “Pavo Real Py”, en la celda que comparten Jarvis Chimenes Pavao y su hijo Luan Pavão, se encontró una lista donde figuran las instituciones a las que se les debe hacer un pago para evitar que se investiguen a las empresas que forman parte del presunto sistema de lavado de activos manejados por Jarvis en nuestro país.
Se menciona a la firma “Grupo Oriental” que sería Grupo Oriental Import Export SA, con sede en Pedro Juan Caballero, y que tiene a Daniel Montenegro Menesez como presidente. Montenegro Menesez es esposo de la fiscala Katia Uemura y fue uno de los detenidos en este operativo.
Montenegro Menesez también está vinculado con la empresa “Villa Loma”, que figura igualmente en el informe de inteligencia de los investigadores. Villa Loma es una empresa afincada en Ciudad del Este y tiene como accionistas principales a Alexandre Sin Yu Wei y Yin Hwa Hwang.
También aparecen Terraza Hotel y Frontera Palace Hotel, que en los registros públicos no tienen a ningún representante, pero los investigadores ubican a la hija de Jarvis, Suellen Monique Martínez Pavao como una de las administradoras de ambos establecimientos.
En efecto, uno de los primeros lugares que se intervino en el marco de este operativo fue Frontera Palace Hotel, ubicado en Pedro Juan Caballero.
Administrar estancias
La mayor empresa “familiar” que tenía Pavao fue “Lans Inversiones SA” que tenía como presidente a Nair Chimenes y como miembro titular a José Martínez Mendi Pavao, madre e hijo, respectivamente, de Jarvis Chimenez Pavao.
A través de esta empresa, Jarvis movió gran parte del dinero proveniente del narcotráfico, según las investigaciones de las autoridades, administrando sus estancias.
Una de ellas era la famosa “4 filhos”, que fue intervenida en agosto de 2007. En aquella ocasión, se incautaron 111 kilos de cocaína y Jarvis fue detenido.
Los inmuebles de Pavao se distribuyeron en casi todo el país, pero los más importantes estuvieron en Horqueta, Pedro Juan Caballero y Concepción.
Recién en el 2012, el Ministerio Público solicitó la aplicación del procedimiento de comiso autónomo respecto a los bienes de Nair Chimenes.
Se calcula que Jarvis Chimenes Pavao tiene propiedades valuadas en US$ 150 millones.