La Fiscalía de Delitos Ambientales investiga una excavación de aproximadamente cinco hectáreas en Paso Yobái, donde se detectaron pozos de hasta 20 metros de profundidad y restos de árboles nativos. Se indaga si la extracción de tierra se realizó sin autorización ambiental o incumpliendo medidas de mitigación.
La investigación está a cargo de la fiscal especializada en delitos ambientales de Villarrica, Jadiyi Ortiz, y se inició a partir de una denuncia sobre la presunta extracción irregular de tierra en la zona conocida como Villa Martínez, en el distrito de Paso Yobái, departamento de Guairá.
Según explicó la fiscal, la denuncia apuntaba a personas que estarían realizando trabajos de excavación sin contar con la licencia ambiental correspondiente o incumpliendo las condiciones establecidas en sus declaraciones de impacto ambiental.
En el marco de la investigación, una comitiva fiscal y policial realizó un allanamiento en el sitio, donde constató excavaciones de grandes dimensiones y la presencia de maquinaria pesada utilizada para la extracción de tierra.
Durante el procedimiento, los intervinientes encontraron una retroexcavadora de la marca Volvo y ocho camiones de gran porte cargados con el material extraído. La mayoría de los vehículos eran de la marca Scania y uno correspondía a la marca Iveco.
Los conductores manifestaron a los intervinientes que la tierra tenía como destino un lugar ubicado a unos 500 metros del área de excavación. De acuerdo con los datos preliminares, el material sería trasladado posteriormente a establecimientos mineros para la extracción de oro.
La fiscal Ortiz indicó que las excavaciones abarcan aproximadamente cinco hectáreas y presentan profundidades que promedian los 20 metros, lo que evidencia la magnitud de los trabajos realizados en el lugar.
Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar durante cuánto tiempo se desarrollaron las excavaciones, ya que, por sus dimensiones, los trabajos no se habrían realizado en un periodo breve.
Para establecer la antigüedad de las intervenciones, el Ministerio Público solicitó informes a distintas instituciones, entre ellas el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y el Instituto Forestal Nacional (Infona). También prevé recurrir a imágenes satelitales para reconstruir la evolución del área afectada.
La fiscal señaló que las excavaciones aparentemente abarcarían más de un inmueble y que podrían estar involucrados varios propietarios o responsables de la explotación. Por ese motivo, los investigadores buscan identificar a los titulares de las propiedades y determinar quiénes realizaron los trabajos y en qué periodo.
La investigación también contempla la posible afectación de la vegetación nativa. Durante el allanamiento fueron encontrados restos de árboles derribados y apilados en el terreno intervenido, entre ellos ejemplares de guajayvi y laurel.
La presencia de estos restos vegetales hace presumir que anteriormente pudo haber existido un área boscosa en el sitio, aunque la Fiscalía aguarda los informes técnicos para precisar el alcance de los daños y establecer las eventuales responsabilidades.
Ortiz aclaró que la investigación no se limita a determinar si los responsables contaban con una declaración de impacto ambiental. En caso de que hayan operado con autorización, también se deberá verificar si respetaron las medidas de mitigación y las condiciones establecidas en el documento.
Por el momento, el Ministerio Público se encuentra a la espera de los informes requeridos para establecer la situación ambiental de los inmuebles, la legalidad de las actividades y la identidad de las personas que habrían intervenido en las excavaciones.