Pobladores acusan a un alto funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá de promover al candidato colorado Sebastián Fernández (HC) a cambio de supuestos beneficios estatales, lo que podría configurar uso indebido de influencia política.
Una denuncia de fuerte contenido político sacude a esta localidad del departamento de Ñeembucú, donde pobladores acusan al funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Mario Dos Santos Martinucci, de inducir a votar por el precandidato a intendente municipal Sebastián Fernández (ANR-HC), a cambio de eventuales beneficios provenientes del Estado.
Según los denunciantes, el hecho habría ocurrido durante una reunión en la que participaron vecinos de la comunidad, donde también estuvo presente el propio Sebastián Fernández.
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En ese encuentro, Dos Santos Martinucci —quien se desempeña como jefe de Compras y Contrataciones en la sede de Ayolas de la EBY— habría planteado abiertamente la necesidad de que el candidato colorado llegue a la intendencia como condición para canalizar proyectos y ayudas.
Los pobladores aseguran contar con un video en el que el funcionario expresa: “Todo esto podemos hacer llevándole a este señor de intendente (...), necesitamos que Sebastián sea intendente para que ustedes tengan beneficios, o sino es imposible (...), si no hay un entendimiento político, se acaba el proyecto”.
Estas declaraciones, de confirmarse su autenticidad, podrían implicar un grave caso de condicionamiento político y utilización de la función pública con fines electorales.
El caso genera especial preocupación debido a la investidura del denunciado dentro de una institución binacional, que por normativa debe mantenerse al margen de actividades partidarias.
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Sin embargo, según las denuncias, Dos Santos Martinucci no solo participa activamente en política los fines de semana, sino que recorre el departamento promoviendo candidaturas alineadas al oficialismo colorado.
Además, se cuestiona su permanencia y ascenso dentro de la EBY, señalándose presuntos vínculos políticos que le habrían permitido sostenerse en el cargo a lo largo de distintos gobiernos.
De acuerdo a los antecedentes mencionados por los denunciantes, ingresó a la institución durante la administración de Fernando Lugo y posteriormente habría consolidado su posición mediante alianzas con el actual vicepresidente Pedro Alliana.
Mientras tanto, en Paso de Patria la administración municipal se encuentra en manos de Antonio Gómez (PLRA), quien buscará su reelección en un escenario que ahora suma un nuevo foco de tensión política.
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Hasta el momento, ni el funcionario señalado ni el precandidato Sebastián Fernández han emitido una postura oficial sobre las acusaciones. Tampoco la EBY se ha pronunciado respecto al eventual uso político de uno de sus altos cargos.
La situación abre interrogantes sobre la transparencia del proceso electoral en la comunidad y el posible uso de recursos o influencias estatales para incidir en la voluntad popular, un hecho que, de comprobarse, podría derivar en sanciones administrativas e incluso penales.