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En enero del año pasado, Telefónica reportó sobre la resolución de la Corte Suprema de Justicia y "cumplió oportunamente con el debido provisionamiento de esta contingencia", indicó la empresa en una nota de prensa.
La compañía explicó que cuestionó los reparos efectuados por la administración tributaria, por considerar que los mismos fueron "arbitrarios y carentes de todo sustento".
La controversia con la Sunat procede de los ingresos que Telefónica dice que nunca percibió en los años 1998, 2000 y 2001, pero que la autoridad tributaria objetó deducciones de gastos y la empresa aceptó algunas de ellas.
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Igualmente, la compañía afirmó que Sunat incluyó otros reparos relacionados con la provisión por cobranza dudosa e intereses financieros, que han sido motivo de la disputa en un proceso por más de 20 años.
Telefónica del Perú criticó la "aplicación indebida de interés moratorio fuera de los plazos establecidos por la ley" y que dieron lugar a que el 80 % del monto en controversia estuviera compuesto de intereses y multas.
Añadió que, si bien el Tribunal Constitucional reconoció los argumentos de la compañía respecto al cómputo de los intereses, "lamentablemente el Poder Judicial en última instancia validó" algunos de los reparos hechos por la administración tributaria.
En tal sentido, reiteró su desacuerdo con lo resuelto por el Poder Judicial, pero agregó que, por respeto a la institucionalidad y la seguridad jurídica, "procederá a efectivizar el pago bajo protesto".
La empresa ha instruido a las entidades financieras para que procedan al pago a Sunat de la suma hasta 1.361 millones de soles en honramiento a las cartas fianzas emitidas en el marco de la controversia fiscal.
Recordó que es uno de los principales contribuyentes en el país y que en sus 30 años de operaciones en Perú ha contribuido con el pago de 11.000 millones de soles en impuesto a la renta y otras aportaciones.
Asimismo, mencionó que el principal accionista de la empresa (Telefónica S.A.) mantiene desde el 2021 un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por "diversas conductas del Estado peruano violatorias" del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Perú, que incluyeron temas tributarios.