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A las 8:30 del 13 de mayo tendrá lugar la audiencia preliminar, así lo fijó el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, en el marco de la causa en la que están procesados el extitular de la Seprelad Óscar Boidanich, Raquel Concepción Cuevas Arzamendia y Melissa María del Mar Parodi González, todos estos imputados por frustración de la persecución y ejecución penal y lavado de dinero.
El sábado último los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Jorge Arce, Francisco Cabrera, Alma Zayas y Diego Arzamendia, presentaron el pedido de sobreseimiento provisional. La solicitud sería una cuestión estratégica, a modo de obtener mayores pruebas, pues los agentes fiscales consideraron que los elementos con los que cuentan actualmente son insuficientes ante un eventual juicio oral y público.
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En la mencionada diligencia que se llevará a cabo en mayo, el magistrado, en el caso de decretar el sobreseimiento provisional para los tres encausados, también establecerá la fecha límite que tendrá la Fiscalía para presentar el pedido de reapertura de la causa y su requerimiento conclusivo, que puede ser acusatorio u otra salida. Este plazo no superará el año.
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Otra salida de la que dispone el magistrado es dar trámite de oposición al requerimiento, de manera a que el mismo sea examinado por el fiscal adjunto de Delitos Económicos, a fin de que ratifique o rectifique la petición del fiscal inferior.
Los fiscales investigadores argumentaron su pedido al juzgado señalando que “al evaluar las informaciones obtenidas, se tiene que la sospecha inicial sigue vigente y existe la expectativa de incorporar nuevas informaciones que podrían resultar relevantes para la determinación de los presupuestos de una eventual acusación o cualquier requerimiento”.
Ministerio Público busca incorporar más elementos
Además de que, “si bien existen elementos que indican la probable existencia del hecho, así como la hipótesis inicial de que los procesados serían autores del hecho, los elementos aún resultan insuficientes para afirmar, con grado de certeza, esta hipótesis inicial del Ministerio Público”, según señalaba el documento de pedido de sobreseimiento provisional para Boidanich y otros tres.
En tal sentido, la Fiscalía espera incorporar elementos resultantes de diligencias como el pedido de Cooperación Jurídica Internacional al Brasil, a modo de que informe sobre la “Operación Sexta Feira”; también informes de la Seprelad sobre los informes de la Unidad de Inteligencia del Brasil (COAF) vinculados a Darío Messer.
Igualmente, solicitaron contar con la copia autenticada de la causa relacionada al “comiso autónomo especial” de los bienes de Darío Messer; además de la traducción al castellano del informe de Cooperación Internacional remitida por el Brasil, el 12 de marzo de 2021.
Según las consideraciones de los fiscales, los mencionados actos investigativos “son conducentes a establecer, de manera concreta e inequívoca, las actividades desarrolladas por la Seprelad, en el marco de sus funciones”, desde que recibió información sobre la existencia de una pesquisa abierta en el Brasil relacionada a Messer, y desde que tuvo conocimiento de los Reportes de Inteligencia. Todo esto permitirá establecer la dilación innecesaria e injustificada de los informes de inteligencia.
Boidanich habría obviado reportes bancarios contra Messer
La imputación fiscal relata que en el año 2012, el Banco Sudameris habría presentado a la Seprelad un reporte de operación sospechosa (ROS) en contra de Darío Messer, quien tenía la intención de operar con dicho banco, pero habría sido rechazado luego de que la entidad haya realizado la debida diligencia y obtenido información de que el ‘doleiro’ estaría vinculado a investigaciones por lavado de dinero en el Brasil.
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Debido a que el Reporte de Operación Sospechosa no fue categorizado como de riesgo alto, la información presuntamente fue archivada hasta que surjan nuevos datos.
El 4 de diciembre del 2015 el Banco Nacional de Fomento presentó a la Seprelad otro Reporte de Operación Sospechosa en contra de CHAI S.A., cuyo principal accionista sería Darío Messer. Supuestamente, dicha firma habría incurrido en una transacción inusual y se habría apartado de su perfil (ganadería y actividades agrícolas) al transferir US$ 4.900.000 a Puente Casa de Bolsa S.A.
Este Reporte de Operación Sospechosa no habría incluido a las personas físicas vinculadas a la persona jurídica CHAI SA (en particular a Darío Messer), circunstancia que habría impedido relacionarlo con el ROS del Banco Sudameris del 2012 y activar el sistema de controles de la Seprelad.
Más reportes de operaciones sospechosas
El Ministerio Público agrega en la imputación que el entonces ministro de Seprelad Óscar Boidanich supuestamente habría tomado conocimiento del caso que vincularía a Darío Messer a partir del Reporte de Operación Sospechosa realizado por el BNF.
El 30 de septiembre del 2016 el Banco Continental habría presentado a la Seprelad otro Reporte de Operación Sospechosa (ROS) en contra de CHAI S.A por exceso del límite operativo autorizado e insuficiencia documentaria.
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En esta ocasión aparentemente el banco sí mencionó a Darío Messer como sujeto vinculado a la persona jurídica y esto habría activado los controles de la Seprelad al vincular los 3 ROS.
El ROS fue categorizado como de riesgo alto y se habría dado inicio al caso CHASA605530091 con la recopilación por parte de la Seprelad de información financiera y antecedentes de la persona reportada, que luego sería analizada, según resalta la imputación fiscal.
Informe de Inteligencia de Brasil sobre Darío Messer
El 23 de noviembre del 2016 la Seprelad habría recibido un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Brasil que indicaba que Darío Messer estaría vinculado a investigaciones por lavado de dinero, crímenes financieros, corrupción y crimen organizado en el vecino país y el funcionario de la Seprelad Fidel Oviedo habría sido designado como analista financiero a este caso.
El 27 de junio del 2017, dicho funcionario, habría remitido el informe preliminar de inteligencia financiera N° CHASA605530091 para su verificación a Melissa Parodi, jefa del Departamento de Análisis y Procesamiento de Datos.
A su vez, el 28 de junio del 2017, Melissa Parodi habría remitido el informe preliminar del caso a Raquel Cuevas, directora de la Dirección General de Análisis Financiero, y le habría solicitado su parecer jurídico, quien a su vez, esa misma fecha, el proyecto del informe de inteligencia financiera, habría sido remitido a la Dirección General de Asesoría Jurídica a fin de que elabore su dictamen respecto al cumplimiento de los parámetros legales para su remisión o no al Ministerio Público.
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El 24 de noviembre del 2017 Melissa Parodi habría tenido retorno de la Dirección General de Asesoría Jurídica, que por dictamen del 23 de noviembre de 2017, habría recomendado incluir datos del sector financiero y de la SET relacionado a Juan Pablo Jiménez Viveros, quien estaría vinculado a Darío Messer.
También se habría recomendado hacer mención al inicio del informe que Adolfo Enrique Granada Cubilla era apoderado de CHAI SA.
Por último, se habría indicado que el informe debía ser remitido al Ministerio Público debido a la importancia de los datos expuestos y a la vinculación de la persona reportada con personas y entidades relacionadas a la supuesta comisión de hechos punibles.
Boidanich habría simulado tratamiento de reporte contra Messer
Según la fiscalía 27 de diciembre del 2017, supuestamente se realizó un Comité Evaluador de Casos ROS pero el reporte contra Messer no habría sido tratado y no se habría labrado acta, conforme lo mencionado por el funcionario Gregorio Mayor, al momento de prestar declaración testimonial.
En marzo de 2018, a los efectos de aparentar el tratamiento del reporte contra Messer en el Comité Evaluador de Casos ROS del 27 de diciembre de 2017, la funcionaria Melissa Parodi por supuestas instrucciones de Boidanich, habría sustituido el memorándum del 23 de noviembre de 2017 por el cual se informó al entonces titular de Seprelad que existían 145 casos que deben ser presentados al Comité Evaluador de casos ROS para su tratamiento, en el cual, no se incluye el informe de inteligencia; por otro memorándum del 23 de noviembre de 2017.
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A través de esta última nota Parodi informaba al ministro Boidanich que se contaban solo con 31 casos que debían ser presentados al Comité Evaluador de Casos ROS para su tratamiento, en este segundo memorando de misma fecha y número, si se incluye el informe de inteligencia.
Seprelad “borró” párrafo sobre personas cercanas a Cartes
El 17 de abril del 2018 se habría presentado ante el Ministerio Público el informe de inteligencia financiera N° 91/2017, que aparentemente habría sido el mismo informe elaborado por el analista Fidel Oviedo, sin las supuestas modificaciones propuestas durante el Comité del 27 de diciembre del 2017.
Además, tanto el borrador como el ejemplar del informe archivados en la Seprelad contienen un párrafo que no figura en la versión remitida al Ministerio Público. En ese párrafo se indicaría que las personas vinculadas al reporte (Darío Messer y Juan Pablo Jiménez Viveros) serían personas “cercanas” a Horacio Cartes.
La nota de remisión a la Fiscalía habría sido firmada por Raquel Cuevas y por el entonces Ministro Secretario Ejecutivo Óscar Boidanich.
Finalmente, la nota de Seprelad N° 198 del 11 de mayo de 2018, elaborado por Raquel Cuevas y firmado por Óscar Boidanich, remitido al Ministerio Público, afirmaría que el reporte contra Messer sí fue tratado en el Comité ROS del 27 de diciembre de 2017 y que en esa ocasión se resolvió postergar su entrega a la Fiscalía para introducir algunas modificaciones.
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Sin embargo, conforme a elementos colectados, el caso mencionado no habría sido tratado, así como tampoco habría sido remitido oportunamente al Ministerio Público, pese a que del informa de inteligencia realizado y presentado por el analista Fidel Oviedo, si existiría méritos suficientes para iniciar una investigación por lavado de dinero, lo cual, coincidiría con el dictamen de fecha 23 de noviembre de 2017, elaborado por la Dirección General de Asesoría Jurídica de la Seprelad.