A esta altura, cabe ya plenamente hacerse la pregunta: ¿Es esta de Santiago Peña la administración de gobierno, desde 1989, más voraz en cuanto a beneficiarse del dinero público? ¿O solo es una más de las varias que hicieron lo mismo antes, solo que ahora surgen muchas pruebas documentadas y contundentes de su voracidad?
La pregunta que seguramente debe hacerse buena parte de la ciudadanía paraguaya es si Santiago Peña tenía desde un principio intenciones de asumir la conducción del Estado solo para beneficiarse económicamente o si su caso cae en aquello de que “la ocasión hace al ladrón”.
Si en 2023 algún votante optó por Santiago Peña pensando que su administración sería distinta a anteriores presidentes colorados, a esta altura debe estar decepcionado. Al principio, algunos colorados cartistas pretendieron presentar a Peña como una suerte de modelo de presidente: joven, economista, de familia estable y de buena presencia.
Al comando de Honor Colorado, –que es el que maneja o procura manejar este país– le gustaría que el escándalo de los chats del asesinado diputado Eulalio “Lalo” Gomes se disipe con la aceptación de la renuncia del diputado cartista Orlando Arévalo, uno de los más salpicados por las filtraciones.
Los chats en el teléfono del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes revelaron lo que más o menos se sabía: que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, después de la salida de Óscar González Daher (+) y el partner Fernández Lippmann, siguió siendo un centro de extorsión y chantaje a jueces, fiscales y abogados, solo que ahora vinculado más evidentemente con el crimen organizado y el lavado de dinero.