La cantidad de funcionarios administrativos aumenta cada vez más en el Ministerio de Salud, pero faltan especialistas y remedios en los hospitales a nivel país. Salta una nueva lista con decenas de empleados contratados y jornaleros que está vinculada con la era de la actual ministra María Teresa Barán, según planilla oficial.
El senador Dionisio Amarilla Guirland desconoció la resolución de la ANDE por la cual se intimaba al Consorcio Arapoty Transformadores a pagar G. 4.852 millones por el incumplimiento de un contrato firmado en 2020 para la provisión de 1.440 transformadores. El legislador, que actualmente preside una comisión bicameral que debe investigar el lavado de dinero, sin embargo, era parte en forma unipersonal del grupo empresarial cuando se cobró el anticipo de G. 3.427 millones. Incluso, estaba al frente de la firma cuando se produjo el incumplimiento, según revelan documentos internos de la compañía de electricidad estatal.
El chofer del senador Silvio Beto Ovelar, funcionario de la Cámara de Senadores con jugoso sueldo, presentó su renuncia como docente del cuarto ciclo en Coronel Oviedo donde “desarrollaba” clases de lunes a viernes de 17:45 a 20:45 . El pasado lunes se instaló un equipo interventor del MEC para evaluar sus asistencias. El ministro de Educación, había dicho que todo estaba bien.
Mediante una resolución interna y sin llamar a licitación, la Dinatran, manejada por Luis Fernando González, otorgó el permiso hasta el 2029 a la empresa de transporte Ciudad de Pilar, ligada al director paraguayo de Yacyretá, Luis Benítez, a su vez, protegido del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, para que explote el tramo que une Asunción con Pilar.
En torno al Instituto de Previsión Social (IPS) se debate la posibilidad de requerir obligatoriamente el examen médico de admisión para aquellas personas que deseen ingresar a la nómina de asegurados, para detectar, sobre todo, si tienen enfermedades graves. Si bien hay una disposición interna al respecto sobre estudios médicos, el tema genera críticas y una gran preocupación.
El organismo internacional Unops se queda con el 27% del monto total de cada proyecto por ser pasapapeles en los contratos que “bypasean” a la DNCP. Los millones de dólares salen de la Itaipú. En 12 meses ya se alzaron con US$ 7,4 millones en unos 35 contratos. Desde la Contraloría adelantaron fiscalizaciones. El MAG y las gobernaciones son los beneficiados en los acuerdos.
Los senadores cartistas enterraron la posibilidad de ordenar y transparentar la situación de los estudiantes de medicina con la “suspensión” por 5 años de la creación de “nuevas” facultades que ofrezcan la carrera de Medicina. El argumento para rechazar fue que “los brasileños traen plata al país”. El caudillo colorado Javier Zacarías Irún no conocía siquiera las siglas del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), tampoco el de la Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Superior (Aneaes), mucho menos la función de estas dos instituciones, pero defendió a capa y espada la instalación de más facultades de garaje, sin importar la formación.