La muerte de dos personas vinculadas a los grupos que se autoatribuyeron como “herederos” de las infames tierras de Marina Cue, sede de la “Masacre de Curuguaty” del 2012, trajo a la memoria aquel triste acontecimiento en que 17 compatriotas (6 policías y 11 campesinos) perdieron la vida, y a más de uno causó un gran estupor, por momentos.
Una ciudad que desperdició seis años y millones de dinero en manos de ineptos y sinvergüenzas no puede sino esperar una mejor suerte, mínimamente. Las nuevas autoridades municipales, encabezadas por el intendente Héctor Morán (ANR), no tienen alternativas: o hacen bien o hacen bien.
El gobierno municipal de Salto del Guairá, campeón nacional en presunto daño patrimonial durante la administración de Carlos César Haitter, ahora se convirtió en un escenario aún peor, de penosos acontecimientos. Gobernado desde el 5 de julio por un concejal liberal (Wilson Báez), que fue electo por colorados, viene protagonizando un dantesco espectáculo que solo perjudica cada vez más la imagen de la institución, que de por sí ya estaba muy golpeada con la administración de su antecesor.
En lo que transcurrió del año 2021 fueron registrados cuanto menos cinco hechos de sicariato (homicidios a manos de matones a sueldo) en el departamento de Canindeyú. En el último caso ocurrido el pasado 12 de julio en la Colonia 14 Mil, a unos dos kilómetros aproximadamente del casco urbano de la ciudad de Nueva Esperanza, fue acribillado con pistolas y escopetas Valderí de Almeida, quien era catalogado como el sicario más peligroso que venía actuando en la zona al mando de delincuentes afincados entre los departamentos de Canindeyú y Alto Paraná.
A juzgar por las patéticas propuestas de los cientos de candidatos a concejales que se postulan para las municipales (internas y generales), en Salto del Guairá nos espera otro lustro de estancamiento y atraso. Prometen lo mismo de siempre: empedrado, asfaltado, plazas, becas y cestas básicas. Otro más patético aún dijo en los últimos días que ayuda a la gente a fraccionar su factura de la ANDE.
En los medios de comunicación y en las redes sociales miles de opinólogos condenan diariamente la inutilidad del gobierno central por el fracaso en la lucha contra la pandemia, ya sea por falta de fármacos, camas, oxígeno, UTI o vacunas. Constantemente los políticos opositores se plantean un posible pedido de juicio político porque a cada paso hay un nuevo escándalo gubernamental.
El intendente de Villa Elisa (Dpto. Central), Ricardo Estigarribia (PLRA), resaltó positivamente en los últimos días –como en pocas oportunidades ocurre con un jefe comunal– por priorizar las inversiones en salud pública en el marco de la pandemia del covid-19. No hizo ningún milagro, solo priorizó el uso de los recursos municipales en un sector necesitado donde cada centavo invertido puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.