Fernández dijo a ABC Cardinal que la reprogramación se habría hecho con la excusa de proveer pozos artesianos en las colonias y asentamientos administrados por Indert, en Guairá, Concepción y San Pedro.
El sindicalista comentó que dicha reprogramación se dio a través del decreto 2.705, firmado el 16 de octubre. Sin embargo, la denuncia se centra en cómo supuestamente diputados y senadores buscan provecho de la construcción de los sistemas de agua potable.
El líder sindical no quiso dar nombres de estos legisladores y se limitó a indicar que la misma claque que operaba con Justo Cárdenas, presidente de Indert en el gobierno de Horacio Cartes y procesado por enriquecimiento ilícito, opera con el Gobierno de Mario Abdo.
“Tenemos montos globales y diputados y senadores con sus ONG, hay congresistas detrás de las ONG. No puedo decir los nombres. No sabemos la cantidad de pozos, algunos están en proceso. Varias de las ONG ya se habían denunciado a la Fiscalía”, indicó Fernández.
Recordemos que antes de renunciar a la presidencia del Indert por un escándalo de coimas, Horacio Torres (quien precedió al actual titular Mario Vega), tenía previsto usar el rubro 800 de transferencia directa de recursos para la perforación de pozos y usar el mismo sistema de trabajo con ONG, sin pasar por la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.
Tras la denuncia en la prensa, Vega emitió ayer un comunicado en el que deslindó toda responsabilidad en el tema relacionado a la reprogramación de los G. 9.000 millones. “Esa reprogramación fue autorizada por el anterior titular de la institución, por lo que el actual presidente no tiene ninguna responsabilidad en aquella decisión administrativa de su antecesor”, señala la nota de réplica de Vega.
No obstante, no fue tajante ni se comprometió a rever esa maniobra, sino que apenas se limitó a decir que con su equipo jurídico analiza la situación “para adoptar eventuales medidas que salvaguarden los intereses de la institución”.