Su nombre apareció en una lista publicada el lunes último por nuestro diario, que guarda relación con el proyecto de la actual administración, encabezada por Julio Fernández, que contempla el uso de cámaras corporales por parte de los funcionarios, en la lucha contra la corrupción interna.
“Nunca fui investigado. No tengo tampoco ni un sumario. Al contrario, yo fui quien denunció el ingreso de vehículos nafteros como flex, que tienen arancel cero, que privó a Aduanas de cobrar G. 22.500 millones”, expresó al contar que ese caso quedó en la nada.
En once años de antigüedad en la institución, hizo varias denuncias de evasión por las que cobró de G. 4 millones a 5 millones en cada caso, cuando iba detectando (la ley establece el pago del 50% de la cifra evadida al denunciante).
Explicó que el Código Aduanero permite a los importadores ingresar mercaderías sin que sean verificadas. Lo hacen a través del “canal verde”, que les da Aduanas a los importadores a los que tiene confianza. En el caso de los vehículos, notó que no se había verificado la carga y que el despacho era de Japón, un país que no fabrica automotores flex; hizo la verificación y luego denunció que se ingresaba automotores nafteros como si fueran flex. La denuncia la hizo en el gobierno de Horacio Cartes y, curiosamente hubo sobreseimiento en esta administración, acotó.
Considera que la defraudación contra el Estado solamente en este caso de los vehículos nafteros ronda los G. 99.000 millones, porque a la evasión de los aranceles aduaneros hay que sumar el IVA, según explicó.
El sumario se cerró cuando la empresa en cuestión presentó pruebas fuera del tiempo establecido y sin el certificado original.
Tras el cierre del caso a nivel de Aduanas, el funcionario aduanero recurrió ante el Tribunal de Cuentas en junio último, ya contra Julio Fernández, el actual director de la entidad, de acuerdo con su relato.