El presidente del gremio, José Luis Heisecke, resaltó que desde la creación del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavis) en 2010, se cuestionó que la ley establecía que dicho ministerio asigne a las constructoras de forma directa, a través de entidades que prestan “Servicio de Asistencia Técnica” (SAT), sin ningún tipo de concurso.
“En ese entonces y hasta ahora cuestionamos que el esquema no permite un desembolso de los recursos estatales de forma transparente”, dijo. Agregó que sólo les queda respetar la ley.
Heisecke señaló que actualmente existen 77 constructoras habilitadas para ser subcontratadas por el ministerio de Urbanismo, a través de las SAT. De ese listado, solo cinco de los 220 socios de Capaco están registrados.
Por su parte, el ministro Durand mencionó que el encuentro desarrollado con los empresarios fue positivo y que “se dejaron abiertas las puertas para que las constructoras de la Capaco se inscriban en el MUVH y puedan participar en la edificación de las viviendas”.
El funcionario explicó que el Estado fija un precio único para todas las casas, sin importar su ubicación en el país, motivo por el cual las contrataciones no se realizan mediante licitación. “No hay precio para concursar”, reiteró.
Sin embargo, Durand ha sido cuestionado porque la esposa de su exdirector técnico, José Correa, era la gerente técnica de la empresa Ingeniería Aplicada SA (IASA), que es contratada por firmas de SAT, por lo que existen dudas acerca de la transparencia del mecanismo empleado.