Los funcionarios Derlis Silva Britos y Rossana Valiente denunciaron que las decisiones del presidente del Indert, Abog. Mario Vega Mereles, a través de la directora general de Gestión y de la directora de Desarrollo de Personas, Nilda Felisa Venialgo de Serafín, ingeniera ambiental, son arbitrarias y que solo son un seguimiento de la serie de amedrentamientos que se realiza a quienes no se alinean, tal como ocurrió durante las anteriores administraciones de Horacio Torres y Justo Cárdenas.
Derlis Silva, dijo que se desempeñaba como director de Servicios Sociales con Enfoque de Género desde el 2018, con una antigüedad y carrera administrativa de 19 años. Señaló que en fecha 13 de mayo de 2020, por la resolución Nº 824/20, fue trasladado a la Dirección Departamental de Cordillera. “El traslado se realizó de manera unilateral, sin consentimiento del funcionario como exige la Ley de la Función Pública”, señaló.
Además, manifestó que vive en la ciudad de San Lorenzo, hecho que le obligará a cubrir gastos diarios de traslado hasta la ciudad de Caacupé, sin que la institución se haga cargo de esos gastos, considerando el desarraigo que le puede ocasionar al forzarlo a alejarse de su familia.
A su vez, la Lic. Rossana Valiente, funcionaria de carrera administrativa, con 13 años de antigüedad, quien por resolución 874/20 de fecha 25 de mayo, fue degradada del rango de directora a jefa de departamento, sin motivo alguno o sumario administrativo que justifique el cambio, medida que transgrede la Ley de la Función Pública, refirió.
Tanto Derlis Silva como Rossana Valiente son parte de las comisiones directivas de los sindicatos de funcionarios del Indert, Sintibir y Sintra, cargos para los que recientemente fueron elegidos. Explicaron que los cambios se realizaron justo luego de que los gremios exigieran al presidente del Indert aumentar las recaudaciones y titulaciones, lo que se constituye claramente como acoso laboral y persecución sindical, denunciaron.
Al respecto, el titular del Indert, Abog. Mario Vega, informó ayer ante nuestra consulta, que ambos funcionarios del ente fueron trasladados porque en el local central no tenían funciones específicas.
Respecto a Derlis Silva, añadió que aparte de que no tenía función especifica, no es profesional universitario. “No fue por la supuesta persecución. Además, lo hice dentro de las atribuciones que me confiere la ley. A Silva he dispuesto instruir sumario administrativo”, informó Vega.
Sobre el reciente allanamiento
Sobre los sistemas de agua construidos en 2015 por la ONG Fucelas, que forma parte de las investigaciones impulsadas por el fiscal Luis Said Frágueda, tras el allanamiento que se realizó el 29 de mayo pasado en el Indert, su titular el Abog. Mario Vega, comunicó el pasado fin de semana, que tras verificación in situ, constataron que se encuentran en pleno funcionamiento, dotando del vital líquido a dos comunidades de San Pedro y Canindeyú.
“Para la verificación de esas obras se ha comunicado debidamente al agente fiscal Luis Said a fin de que el mismo, con su equipo, realice el acompañamiento correspondiente”, expresa la información difundida por la institución agraria.