/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/DQ3XID4UOVGV5EF4JTWGPAOJ5Y.jpg)
Cargando...
La mora en planilla demuestra la alta evasión de los patrones en el pago del seguro social, que en la mayoría de los casos incluso ya fueron descontados a los obreros de sus haberes. Sin embargo, debido al retraso de sus patronales en el cumplimiento de sus compromisos con el ente previsional, miles de aportantes no están pudiendo acceder a los servicios de la cobertura social y de salud en tiempo y forma.
Al respecto, el director del ente previsional, Benigno López, insistió nuevamente en la urgencia de actualizar la carta orgánica, donde uno de los puntos a corregir será el de establecer sanciones más duras para los empleadores en mora, que retrasan por un lado la atención eficiente de los beneficiarios, como también el ingreso de recursos necesarios para la operatividad del ente.
De acuerdo con las disposiciones reglamentarias, se podrán establecer recargos a los pagos de cuotas que se efectúen a partir del décimo día del mes siguiente al pago de los respectivos salarios. Y estos recargos no deben ser superiores al dos por ciento de las cuotas por cada mes de atraso, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 71 de la Ley 1860/50 y ratificadas por las leyes 1085/65 y 427/73.
Otra medida dispuesta por el Consejo de Administración del IPS a fin de actualizar a sus cotizantes es la posibilidad del pago fraccionado de los aportes vencidos e impagos.
El directivo del ente previsional estima que para el primer semestre de este año se elevará al Congreso de la Nación un borrador del proyecto de ley, que previamente será analizado y discutido con los diferentes sectores económicos.
Alta informalidad
Otra arista que se pretende solucionar con la actualización de la ley es la posibilidad de compartir datos con instituciones referentes, y que guarden relación con la visión de la institución, de manera a ir cerrando la brecha de la informalidad.
“Estamos trabajando en eso, queremos integrar nuestros datos con los del Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) y con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), a fin de tener datos más concretos de los sectores que están en actividad, pero que no están inscriptos en IPS o MJT. Tenemos una ley arcaica que impide que compartamos la información; solo podemos saber que si los que están hoy son los que se encuentran y pareciera que no”, acotó Benigno López.
Agregó que una base de 650.000 cotizantes, sobre una población económicamente activa de 3.500.000, deja un margen importante para trabajar, pero para ello es preciso avanzar en el acuerdo que permita compartir la información.
De acuerdo con un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la rama agropecuaria que ocupaba en 2013 a unas 730.000 personas y las construcciones a 220.000, fueron los sectores que registraron niveles más bajos de coberturas sociales y beneficios al personal; las coberturas llegaban al 1,1% y 2%, respectivamente. Según los datos del organismo, de unas 3.200.000 personas ocupadas en 2013, solo el 20% accedió al seguro social, entre otros beneficios, unas 650.000 personas.