El examen especial de la Contraloría General a la gestión administrativa de la Conatel en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, dado a conocer a la prensa este miércoles, revela en detalles la distribución graciosa de millones de guaraníes por trabajos no realizados, o inconclusos, de instalación de telefonía rural y cabinas telefónicas en lugares del interior donde no llegaban los servicios de Copaco.

Solo a dos empresas (Telefonía Celular del Paraguay -Telecel- y Consorcio Electro Import-Impsat SA), la administración del ex presidente de Conatel Víctor Bogado pagó irregularmente G. 12.500 millones, señalan los peritos contralores al llamar la atención sobre los pagos hechos sin las debidas certificaciones.

La misma presidencia de Conatel se prestó a la presunta maniobra al informar al banco donde estaba depositado el dinero (ABN Amro) que tanto Telecel como el Consorcio Electro Import-Impsat SA han cumplido a cabalidad con los términos de los contratos regulatorios.

Al analizar los documentos exhibidos por la Gerencia de Planificación y el Fondo de Servicios Universales (FSU) con respecto al reclamo de los auditores, estos observaron que la presidencia de Conatel no contaba con documentos o informes que respalden la certificación del cabal cumplimiento de los contratos.

Tanto las empresas Telecel como el Consorcio Electro Import-Impsat SA recibieron G. 6.250 millones cada una, evidenció la Contraloría.

Señaló que previo a la liberación de la carta de crédito, la presidencia de Conatel tuvo que haberse informado del grado de cumplimiento del contrato y del pliego de bases y condiciones, para posteriormente proceder a la autorización de pagos, considerando la importancia del monto a erogar y a fin de precautelar los intereses patrimoniales de la institución.

Según los antecedentes, Telecel y el Consorcio Multipunto Multicanal (CMM), del senador colorado Gustavo Pedrozo, fueron adjudicados para instalar internet en 287 escuelas del interior del país, pero la auditoría especial detectó que apenas se instaló en algunas de ellas. Esto, a pesar de que ambas empresas cobraron la totalidad de los montos adjudicados, según reconoce la misma Conatel.

Con respecto a Impsat SA, se trata de una empresa integrante del Consorcio Loma Plata, acusada de estafar más de un millón de dólares a Conatel en el 2001. Un año antes de esto fue adjudicada con otra licitación de US$ 3,5 millones, en compañía de la firma Electro Import, supuestamente ligada a la familia Manzoni.

El consorcio instaló 750 teléfonos públicos satelitales rurales por G. 13.000 millones (US$ 3,5 millones al cambio de la época), con servicio de cinco años. Sin embargo, apenas dos años después de ser colocados los equipos, estos dejaron de operar.

De acuerdo a los datos, el Consorcio Impsat-Electro Import no había colocado UPS en las terminales, no presentó la garantía de fábrica de los aparatos e incurrió en otra serie de irregularidades.

Aparecen como responsables de la empresa, Alcides Cuenca Jara y Luis Alberto Piccolo. En los Registros Públicos (1999), aparece inscripta a nombre de José Luis Manzoni, José Manzoni, Marta Manzoni, Julio Bogarín y Ricardo Real, entre otros.

El fiscal anticorrupción, Arnaldo Giuzzio, tiene a su cargo la investigación de los fondos universales de Conatel. Sin embargo, varios meses después de las publicaciones de ABC, aun no imputó a ningún jerarca implicado en las tragadas. El hecho fue apuntado como sugestivo por técnicos de la misma Conatel que buscan justicia en el caso.