Los encausados por delitos cometidos en la función pública suelen presentarse como pobres víctimas de una miserable persecución política. Se trata de un socorrido expediente que apunta a desacreditar de entrada los elementos de juicio que puedan incriminarlos, pues no se estaría buscando que haya justicia, sino respondiendo a la aberrante pretensión de arreglar cuentas ajenas al interés general. A este gastadísimo recurso también apeló el exintendente Mario Ferreiro, hoy imputado por los hechos punibles de coacción grave, lesión de confianza y tráfico de influencias. En efecto, sostuvo en su cuenta de Twitter que la imputación que se formulara en su contra sería “de carácter eminentemente político...”. Varios otros políticos, procesados o condenados, utilizaron el mismo argumento para defenderse. Ferreiro debería ser el primer interesado en allanarse a la investigación y no tratar de eludir su responsabilidad con gastados argumentos.