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  • 24-05-2019

    Décadas de estudios, viajes y gastos, pero no tenemos ferrocarril

    El 1 de junio de 2018 entró en vigencia la Ley N° 6084, que “establece el procedimiento para la rehabilitación del Ferrocarril ‘Carlos Antonio López’ y la implementación de su primera etapa como ‘tren de cercanía u otro medio masivo de transporte’, tramo Asunción-Ypacaraí”. Pese a que la normativa declara que la rehabilitación e implementación antedichas son “de orden público e interés social”, hasta la fecha se ha hecho poco o nada para ejecutarla. De hecho, la empresa estatal Fepasa solo sirve para que de vez en cuando su presidente de turno haga algún anuncio más o menos rimbombante, para que los funcionarios realicen decenas de viajes al exterior, o para que delegaciones extranjeras lleguen a nuestro país, y luego se informe que tal o cual empresa internacional o tal o cual Gobierno “está interesado” en invertir en el ferrocarril paraguayo. Fepasa se halla en “quiebra técnica” al menos desde 2014, según el más reciente informe de la Contraloría. ¿Cuánto tiempo más los ciudadanos y las ciudadanas seguirán financiando este interminable despilfarro? Ya es tiempo de saber si vamos a tener o no un ferrocarril.

  • 23-05-2019

    Criminal asalto al bolsillo de los contribuyentes

    Las escandalosas imágenes publicadas en los últimos días mostrando la larga fila de planilleros aguardando turno para marcar sus tarjetas de asistencia a la Municipalidad de Ciudad del Este, o de algunas oficinas atestadas de funcionarios que ya no dejaban lugar a que algún eventual cliente realice sus gestiones, luego de que las nuevas autoridades de esa institución iniciaran el control de quienes cobran salarios allí, revelan el criminal clientelismo político sostenido con el dinero de los contribuyentes. Al mismo tiempo, el presidente de la Junta Municipal de Asunción, Óscar Rodríguez, revelaba la existencia de unos 400 excedentes, pero nosotros creemos que se quedó corto. En lo que a planillerismo se refiere, no se dirá que las municipalidades son las peores, porque el mal está extendido pavorosamente en todo el ámbito estatal, tal vez en mayor escala aún en las instituciones de la Administración Central. La ciudadanía está lejos de imaginar la magnitud del fenómeno. Un gobernante que tenga el coraje de enfrentar este monstruo tendrá un lugar ganado en la historia de nuestro país.

  • 22-05-2019

    Las Cámaras ya no deben proteger a malandrines blindados con fueros

    La Cámara de Diputados tratará hoy el pedido de desafuero del diputado Tomás Rivas (ANR), realizado hace un año por el juez Rubén Riquelme y reiterado hace unos días por la jueza Leticia Paredes. El legislador está imputado por los delitos de estafa y cobro indebido de honorarios. Durante un año, el mismo interpuso reiteradas chicanas para impedir el estudio de una cuestión indispensable para que pueda ser procesado, llegando incluso a plantear una absurda acción de inconstitucionalidad para que la Corte Suprema de Justicia revoque la imputación y, por tanto, la solicitud del desafuero. Es obvio que los fueros no son una patente de corso para cometer fechorías con la mayor impunidad, por lo que los legisladores tienen el deber moral de hacer lugar a lo solicitado por la Justicia. Quienes gustan llamarse “representantes del pueblo”, en muchos casos, han resultado ser más bien sus verdugos. Por eso, es saludable que vayan siendo apartadas algunas frutas podridas, para que el Palacio Legislativo recobre en algo su relevancia para la vida del país.

  • 21-05-2019

    Hay tufo de protección a los ladrones públicos

    La Contraloría General de la República iniciará el próximo 3 de junio el análisis de correspondencia de las declaraciones juradas de bienes y rentas de las máximas autoridades de la Administración Central y de otros organismos del Estado. El nuevo contralor general, Camilo Benítez Aldana, satisfará así un pedido del Congreso hecho en noviembre de 2018 y eludido por su antecesor dimisionario, Enrique García. Puede que la comparación de ciertas declaraciones juradas de bienes y rentas revele que el patrimonio del autor ha aumentado exageradamente con relación a sus ingresos, lo que obligará a la Contraloría a denunciar el hecho al Ministerio Público o al órgano jurisdiccional competente. Es obvio que el hecho de que la ciudadanía tenga noticias de los bienes y de las rentas declarados podrá contribuir notablemente a evitar que ellos sean ocultados o infravalorados, pues le va a llamar la atención que un “pelagatos” conocido se vuelve de pronto un potentado, como ocurrió con muchos políticos y funcionarios. La reticencia de la Contraloría en dar a conocer las declaraciones juradas tiene tufo de protección a los ladrones públicos.

  • 20-05-2019

    Igualdad de derechos es lo que Paraguay exige en Itaipú

    El Artículo III del Tratado de Itaipú establece: “Las Altas Partes Contratantes crean, en igualdad de derechos y obligaciones, una entidad binacional denominada Itaipú, con la finalidad de realizar el aprovechamiento hidroeléctrico a que se refiere el Artículo I”. Es inadmisible que hasta ahora Itaipú sea administrada como una empresa netamente brasileña, aunque salvando la apariencia de gestión paritaria binacional con las formalidades burocráticas establecidas en el Tratado. Para Brasil, Itaipú ha sido un matrimonio de enorme conveniencia con nuestro país. Y ciertamente no por filantropía –como ironizó un excanciller de ese país–, sino porque Paraguay es un socio geográficamente indispensable. Así las cosas, el desafío del Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez con relación a Itaipú a partir del 2023 aparece puntualmente muy simple: hacer efectiva la igualdad de derechos consagrada en el Artículo III del Tratado. Los paraguayos y las paraguayas deben mantenerse en guardia para la defensa de los intereses que le corresponden al Paraguay en este emprendimiento binacional.

  • 19-05-2019

    La ciudadanía debe redoblar su repudio a los malhechores

    Hace un par de años, habría sido impensable que algún legislador perdiera su investidura o renunciara a ella debido al masivo repudio ciudadano, pero ahora resulta que varios de ellos, que otrora parecían intocables, ya no mancillan el Congreso, y algunos guardan reclusión. También habría sido inimaginable que la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías Irún, fuera alguna vez destituida por los diputados, o que inmuebles del titular de la Cámara Baja, Miguel Cuevas, serían allanados por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción. Lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que la sociedad civil, harta de las iniquidades perpetradas por quienes ocupan cargos electivos, ha venido expresando su indignación cada vez mayor en las calles, en las redes sociales y en los medios de prensa, llegando además a escrachar a ciertos sinvergüenzas notorios. Vayan pues los aplausos a quienes –mención especial al grupo encabezado por la abogada María Esther Roa– han dedicado su tiempo a la tarea de hacer saber a los ladrones públicos y otros impresentables que ya no seguirán cometiendo impunemente sus fechorías.

  • 18-05-2019

    No esperar a que explote el polvorín de las cárceles

    El ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, ordenó el cierre temporal de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú ante “la imposibilidad física y logística de albergar más internos en el lugar”. El titular de Establecimientos Penitenciarios, Blas Martínez, dijo que la población de ese penal es de 4.200 personas, para una capacidad de 3.600, pero siempre se señaló que dicha capacidad no sobrepasa las 2.000 personas. El recuento de todos los males que suceden allí podría ser interminable, pero sin duda alguna, la fuente –que si no es la única, es al menos la principal de todos los vicios, ilicitudes y abusos que allí existen y proliferan– constituye la enorme desproporción que existe entre la capacidad del recinto, el número de reclusos y los que tienen que dirigir la institución. Se está llegando a límites intolerables, ya que las cárceles se están convirtiendo en polvorines que pueden estallar en cualquier momento. En consecuencia, se trata de un problema cuyo tratamiento ya no admite demoras, sino su inmediata atención, para no reaccionar recién cuando se produzca alguna tragedia que se podía evitar.

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