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  • 22-02-2019

    No tergiversamos sus palabras, doctor Bacchetta

    Tras haber intervenido ladinamente en la causa abierta al diputado Ulises Quintana (ANR), cuya pronta libertad desea porque estaría soportando una “injusticia”, el impresentable senador Enrique Bacchetta (ANR), presidente del JEM, tuvo el descaro de expresar cuanto sigue: “En ningún momento quise presionar a nadie (...). Disculpas a los agentes fiscales, a la fiscala general del Estado, si entendieron mal y se tergiversó lo que yo quise manifestar”. ¡No, doctor Bacchetta! En nuestro caso estamos seguros de interpretar correctamente sus palabras, sin tergiversaciones ni errores de transcripción, pues el mensaje de apoyo a su amigo –y de implícita amenaza a fiscales y jueces– lo escribió usted mismo en su cuenta de Twitter. Como corresponde, gremios de abogados exigen su renuncia por haber ejercido una “abierta presión en el sistema judicial y fiscal”, esperando a la vez que el Senado lo interpele por haber deshonrado la investidura y “puesto en peligro la frágil institucionalidad de un órgano constitucional”. Pero Bacchetta debiera ahorrar estos trámites y presentar sin más demora su renuncia por su notorio despropósito.

  • 21-02-2019

    Repugnante juego sucio de Enrique Bacchetta

    Tras su grosera intervención en el caso judicial que involucra al diputado colorado “añetete” Ulises Quintana, el senador Enrique Bacchetta (ANR), presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, no puede seguir integrando este organismo. El mismo sostuvo que es una “injusticia” la situación del mencionado diputado, quien está imputado por los hechos punibles de tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Puede entenderse que el mensaje enviado a Quintana también lo fue para los fiscales y jueces intervinientes en el caso. Bacchetta ya declaró inocente al imputado. Que se vean quienes piensan lo contrario. Con su actuación, el actual titular del JEM no se diferencia en nada de su antecesor, Óscar González Daher, quien se aprovechó de su cargo para influir en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. El escándalo protagonizado por Bacchetta lo inhabilita definitivamente para seguir representando a la Cámara Alta en el JEM. Su desvergüenza implicó un severo atentado contra la independencia de fiscales y jueces.

  • 20-02-2019

    Festín de políticos y parientes en los consulados

    El actual Gobierno mantiene el “nuevo rumbo” fijado por el anterior en lo que a nombramientos respecta. El amiguismo, el carnet partidario y el nepotismo siguen primando sobre la ley, así como sobre los méritos y aptitudes de los designados para ocupar puestos significativos. Estos aberrantes criterios tienen en común el afán de retribuir favores políticos. Pese a experiencias negativas que ya registró el actual Gobierno en este aspecto, los nombramientos desatinados no paran sino que tienen una clara continuidad, y las cosas empeoran en lo que respecta a la función consular, en especial. Es evidente así que al Gobierno, y en particular a la Cancillería, les tiene sin cuidado lo que disponga la ley y que quienes ocupen un cargo público en representación del país sean personas que hayan acreditado su solvencia moral e intelectual. El servicio exterior no debe ser una oficina de colocaciones para los allegados del Presidente de la República y su cohorte. El Jefe de Estado debe recordar que, al final de su mandato, su gestión será juzgada en gran medida por la que desempeñaron aquellos a quienes él designó.

  • 19-02-2019

    Otra artimaña del Brasil en Itaipú

    El presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, confirmó recientemente que la falta de acuerdo entre la institución a su cargo y su contraparte brasileña Eletrobras, para la contratación de potencia de Itaipú para el año 2019 se debe a que los representantes de esta última pretenden desconocer acuerdos suscritos entre ambos gobiernos que norman la modalidad de contratación de la energía generada en la central binacional por parte de cada país. Las autoridades brasileñas quieren que Itaipú reduzca la cantidad de electricidad “no garantizada” que tiene derecho a retirar la ANDE a un precio de US$ 5/MW, y que en contrapartida retire mayor cantidad de la “garantizada”, que cuesta unos US$ 40/MW. Vale decir, obligar a la ANDE a comprar mayor cantidad de la energía cara y, consecuentemente, menos de la más barata. Una perfecta ecuación de suma cero: lo que Paraguay pierde, lo gana Brasil. La opinión pública paraguaya debe estar alerta considerando que, ante la proximidad del 2023, en que se debe renegociar el Anexo C del Tratado, los brasileños nos vendrán con nuevas triquiñuelas tratando en lo posible retacearnos los beneficios que le corresponden a nuestro país.

  • 18-02-2019

    Cuesta arriba el costo de Aña Cua

    La nueva central hidroeléctrica a construirse en el vertedero de Aña Cua tendrá tres unidades generadoras de 92 megavatios cada una; vale decir, una potencia instalada de 276 megavatios. Según el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, su costo no pasará de los US$ 400 millones. Obviamente, se cuidó muy bien de explicar por qué la estimación de costo del mismo proyecto (potencia instalada equivalente) que en 1998 fue calculado en US$ 240 millones, ahora tiene que costar US$ 400 millones (incluso hasta hace poco tiempo las autoridades de la EBY la estimaban en alrededor de US$ 600 millones), habida cuenta de que el proyecto de las obras civiles no ha variado esencialmente, así como las condiciones físicas del sitio en que serán ejecutadas, ni los accesos al mismo, sea por agua o por tierra. En fin, no habiendo variado significativamente el proyecto, ni las condiciones de contorno de implantación del mismo, ¿a qué factores atribuir entonces su encarecimiento? Puede pensarse que Aña Cua va camino a convertirse en un anexo del “monumento a la corrupción”, como en su oportunidad fue calificada la presa principal por un expresidente de la Argentina.

  • 17-02-2019

    ¿Vicepresidente del Paraguay o de “Añetete”?

    Con una decisión completamente inapropiada e inconstitucional, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, encomendó al vicepresidente, Hugo Velázquez, una función de neto corte político-partidario, ajena por completo a sus atribuciones, de por sí bastante insignificantes, al punto de que la gente ya ha bautizado el cargo como un “florero”, aunque con un buen salario y otros complementos remuneratorios. La Constitución es bien clara en que el presidente y el vicepresidente no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, ya que les exige dedicarse en exclusividad a sus funciones. Independientemente de la violación constitucional en que incurren el segundo del Poder Ejecutivo y el que le designó, la delegación implica una innecesaria toma de partido por parte del Poder Ejecutivo en una cuestión que debiera ser dirimida exclusivamente por los colorados de Ciudad del Este, y más adelante por sus habitantes de todos los colores. El presidente Abdo Benítez va a repetir así el gran error político de su antecesor, el de politizar su gestión y gobernar solo para su partido o, más bien, para su sector político, con el nefasto resultado conocido.

  • 16-02-2019

    Titular de la Senabico no merece continuar en el cargo

    En nuestro editorial del último 12 de febrero, sostuvimos que la ministra Karina Gómez no debe seguir al frente de la Senabico. En efecto, al negarse a revelar el contenido del contrato de alquiler de una mansión del presunto narcotraficante Javier Cabaña (“Cucho”), hoy a cargo del Estado, había violado tanto la Ley N° 5876/17, que creó dicho órgano, como la N° 5282/14, de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. El texto del contrato finalmente fue alzado en la página web de la Senabico, tras la recomendación de publicarlo realizada por la ministra de la Secretaría Nacional Anticorrupción, Teresa Rojas. Una de dos: o Gómez es una ignorante de las leyes o está al servicio de intereses espurios. Es obvio que el contrato de locación no fue celebrado entre particulares, ya que la aludida propiedad está actualmente a cargo del Estado. El presidente Mario Abdo Benítez debe saber que la transparencia y la publicidad de las actuaciones de los agentes estatales son el mejor antídoto contra la corrupción. La ministra de la Senabico también afectó la imagen de su superior inmediato. No merece continuar en el cargo.

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