Editorial

Los sucesivos Gobiernos tienen la mala costumbre de claudicar ante el periódico chantaje de los empresarios del transporte público de pasajeros. El actual ha resuelto no apartarse de esa tendencia tan nociva para el fisco y tan beneficiosa para quienes se valen de su estratégica posición monopólica para arrancar dinero público mediante el ruin expediente de convertir a los usuarios en rehenes. Prestan un pésimo servicio, pero tienen el descaro suficiente para reclamar subsidios, una y otra vez, con independencia del precio del petróleo, de la cotización del dólar, de la tasa de inflación o de cualquier otro factor. El año pasado, los pedigüeños cobraron 50.000 millones de guaraníes, que también salieron, en última instancia, de los bolsillos hasta de quienes no suelen pisar sus buses. Hasta marzo último se quedaron con G. 19.500 millones. Ahora resulta que la cuestión va a empeorar bastante para el erario, dado que el Equipo Económico del Poder Ejecutivo aceptó aumentar los subsidios, lo que supondrá un desembolso adicional de 400 millones de guaraníes mensuales.