Hasta ayer, varias ambulancias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) se hallaban abandonadas en un taller mecánico de Asunción. Por insuficiencia de espacio, tres estaban aparcadas en la vía pública adyacente, a merced de cualquiera, desde hace más de seis meses. Para la reparación de una de ellas, se pagó por adelantado veinte millones de guaraníes, el último 14 de diciembre. Informado por periodistas de este diario, el jefe de Transporte de la cartera, José Pérez, evidenciando que desconocía algo importante de su incumbencia, pidió tiempo para que la Asesoría Jurídica le diga cuál es la situación. Al menos debería saber que, según el dueño del taller, Carlos Luis Patiño, algunos vehículos “ya no tienen presupuesto” y que otros no tienen recambios, “porque no hay representantes”.
Es de suponer que la ministra María Teresa Barán, que como ordenadora de gastos debe preservar el patrimonio del MSPBS, ya se enteró del bochornoso caso y dispuso que las ambulancias sean al menos retiradas de la calle, antes de que lo haga la Municipalidad. Si a ello se suma que en mayo fue intervenido el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) porque solo diez de sus veintiséis unidades estaban operativas, resulta que el traslado de enfermos o heridos sigue tropezando con muy serias dificultades en todo el país y no solo por la falta de ambulancias disponibles, sino también por su mal uso.
Se trata de una vieja cuestión que sigue abierta, debido a una irritante ineficiencia o presunta corrupción administrativa, que puede costar vidas humanas. Esta vez, falló la planificación presupuestaria y se cometió la torpeza, por así llamarla, de abonar anticipadamente por una reparación que la falta de repuestos en plaza hacía imposible. ¿Se preocuparon por lo menos de reclamar el dinero adelantado?
Aunque ya sea tedioso, cabe volver a recordar ciertos lamentables episodios de los últimos dos años, que ilustran la persistencia de este verdadero drama nacional: una ambulancia asignada al SEME sirvió en Fernando de la Mora para transportar un lavarropas descompuesto; un poblador de Curuguaty costeó con ayuda de los vecinos el combustible de la que llevó a su esposa hasta el Hospital Regional de Saltos del Guairá; otro de General Díaz fue trasladado a Pilar en un vehículo particular porque la ambulancia del centro de salud estaba en la capital departamental, en tanto que la de San Bernardino quedó inservible durante semanas, mientras era reparada en un taller mecánico asunceno. En este último caso hubo que apelar a la patrullera de la comisaría local o a las ambulancias de las ciudades vecinas. He aquí un vergonzoso relatorio de una cuestión íntimamente relacionada con la salud y la vida de los pacientes. Es evidente que a nadie le importa.
La salud pública, que el Estado debe proteger y promover “como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad”, según mandato constitucional, soporta privaciones trágicas, en materia de insumos, de fármacos, de equipos y de infraestructura, como bien lo saben los habitantes del departamento de Alto Paraguay, así como los pacientes del Hospital Nacional de Itauguá y los del Instituto Nacional del Cáncer, entre otros. Empero, el Ministerio de Salud Pública abandona sus vehículos durante largos meses, sin que el jefe de Transporte lo sepa. Conste que ocurrió en Asunción, siendo presumible, por ende, que tampoco tenga la menor idea del estado en que se encuentran las ambulancias del interior del país.
Aparte de la corrupción, del derroche y de la ineptitud, también la negligencia está a la orden del día en un aparato estatal que podría salvar vidas si la calidad del funcionariado no fuera tan deplorable. El clientelismo sale muy caro, en más de un sentido, como debería saberlo también el presidente de la República, Santiago Peña, quien acaba de anunciar la construcción del Gran Hospital de Asunción, mientras los centros de salud y los hospitales regionales sufren variadas carencias. Al asumir el cargo, dijo que una sala de terapia intensiva puede ser la causa de la desatención de las verdaderas necesidades de la gente, por el mal uso de los recursos. Un buen ejemplo del mal uso sería el pago por reparaciones no hechas a ambulancias que están en la calle o en un taller mecánico, desde hace medio año. En la misma ocasión, afirmó: “En salud, los errores o negligencias se pagan con vidas. Por eso, no habrá una segunda oportunidad para los que fallen”. La pregunta que ahora surge es si la tendrán los responsables de tan ignominiosa situación.