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Como se sabe, el Instituto de Previsión Social (IPS) tiene una vasta experiencia en el delicado arte de amañar licitaciones públicas. Se suceden presidentes y miembros del Consejo de Administración, sin que en ese antro se pierda el hábito de favorecer a los amigos de la casa, que sabrán agradecer el noble gesto, incluso en forma anticipada. Para no ir más lejos, el actual presidente, Mario Abdo Benítez, se creyó obligado a intervenir en el caso del personal y de los equipos de seguridad que iban a ser proveídos por el ya célebre Óscar Chamorro Lafarja, lo que conllevó la renuncia del presidente de la entidad, Armando Rodríguez, tras ser convocado al Palacio de López. Queda por ver si su reemplazante –Andrés Gubetich Mojoli– seguirá sus pasos, luego de que la Contraloría General de la República haya constatado que, en el pliego de bases y condiciones de una licitación pública para la compra de un sistema informático, “se han establecido requisitos que podrían ser cumplidos por un solo oferente”. En otras palabras, el concurso estaba direccionado. Se habría violado así el principio de “igualdad y libre competencia”, previsto en la Ley Nº 2051/03, de lo que resulta que el llamado fue una mera formalidad para encubrir un acuerdo ilícito.
El feliz beneficiado con la adjudicación del contrato por valor de casi 40.000 millones de guaraníes fue Hugo Wilson Armoa, un exfuncionario de la Fundación Tesãi (Itaipú Binacional), desconocido por la Cámara Paraguaya de la Industria del Software (Cisoft), que ya había denunciado varias irregularidades en el proceso de contratación. El IPS recibió las conclusiones de la Contraloría el último 3 de diciembre, pero se permitió ignorarlas y siguió adelante, demostrando su fuerte interés en que la fraudulenta operación llegue a buen término. Valga el sugestivo dato de que, según el órgano contralor, la entidad previsional ni siquiera justificó la necesidad de adquirir el sistema de gestión hospitalaria para el hospital regional y los centros asistenciales del Alto Paraná, un departamento donde la influencia de la referida entidad binacional es muy notoria.
Ya en octubre, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) había anulado la adjudicación del contrato a la firma Green SA, debido a “errores en la construcción del precio de referencia”, que luego habrían sido corregidos. Esta vez, tras el contundente informe final de la Contraloría y las publicaciones de prensa, decidió bloquear el código de contratación “para evitar cualquier riesgo” y realizar una investigación de oficio tanto sobre las características del sistema informático como sobre el pliego de bases y condiciones. Es bueno enterarse, por boca del jefe de la DNCP, Pablo Seitz, de que “el proceso de contratación no tuvo pago alguno”, siendo de esperar que si también este órgano advierte que la licitación pública fue direccionada, el presidente y los consejeros del IPS que votaron por adjudicar el contrato renuncien cuanto antes, sin perjuicio de que el Ministerio Público inicie una pesquisa en torno a la presunta colusión. En vista del escándalo, el IPS resolvió “suspender la ejecución del contrato” fraguado. Integran el Consejo Vicente Bataglia (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social), Ludia Silvera (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), Gustavo Arias (Trabajadores), Miguel Ángel Doldán (Empleadores) y Roberto Brítez (Jubilados y Pensionados); los dos últimos ya eran consejeros cuando estalló el caso Chamorro Lafarja, pero allí siguen, tan campantes. El síndico se llama Francisco Benítez, a quien habría que aplaudir si colaboró con la Contraloría, cuyo plantel integra. También sería oportuno que, eventualmente, sean sumariados el director administrativo y el jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones, que ocupan cargos clave en todo proceso licitatorio.
Nuestro editorial del 30 de mayo de 2019 llevó por título “Desbaratar las roscas mafiosas del IPS”. Es de lamentar que hoy debamos insistir en la necesidad de acabar con ellas, subrayando, una vez más, el deplorable papel que cumplen los consejeros provenientes del sector privado: no defienden los intereses de sus representados, sino que, de hecho, se confabulan contra ellos. La Cisoft está integrada por empleadores, pero mientras no se demuestre lo contrario y atendiendo el antecedente referido, bien puede presumirse que su representante volvió a consentir un amaño, tal como el de los jubilados y pensionados, que seguirían cerrando los ojos, por decir lo menos, ante la indiferencia de los suyos. El Poder Ejecutivo hizo lo correcto al cambiar a sus representantes tras el escándalo anterior, pero parece que no acertó al designar a los nuevos.
El IPS requiere, en fin, que la sociedad civil organizada ponga bajo la lupa a “sus” consejeros, porque para sanearlo no basta con criticar o hasta con mandar a la cárcel a los funcionarios corruptos ni a sus cómplices empresarios, que bien podrían ser meros testaferros. Y también, desde luego, que los potenciales oferentes protesten de inmediato, ante la DNCP y ante la prensa, cuando detecten que un pliego de bases y condiciones fue diseñado a la medida de alguien. Le harían así un buen servicio al país, ya que en cuestiones como esta no solo está en juego su derecho a competir en igualdad de condiciones, sino también, en última instancia, la salud y la jubilación de muchas personas que aportan o aportaron confiando en que su dinero sea administrado con probidad y eficiencia. Esto no ha ocurrido hasta hoy, pues gran parte de los fondos va a parar al barril sin fondo de la corrupción.