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Poca gente ya, si existe alguna, duda que durante la gestión de Sandra Quiñónez al frente del Ministerio Público, nuestro país ha caído a niveles sin precedentes de corrupción e impunidad.
A pesar de eso, el fiscal Eugenio Ocampos, presidente de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, ante las críticas merecidas recibidas por Quiñónez por el apresamiento de Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el principal de la oposición, emitió un comunicado en el que “respalda plenamente la labor del Ministerio Público” en ese escandaloso caso, lo que confirma la plena resolución del equipo que rodea a la fiscala general de mantener el rumbo torcido que al parecer le ordenaron seguir cuando fue “elegida”.
La podredumbre no es solo una percepción como la constatada en las sucesivas encuestas de Transparencia Internacional, sino la sucesión de hechos tangibles, simbolizados por el grosero blanqueo de Óscar González Daher, exponente principalísimo del movimiento Honor Colorado. El mismo González Daher que daba instrucciones al propio fiscal Ocampos, según consta en los audios de conocimiento público, instrucciones que en cualquier país con fiscales mínimamente decentes hubieran derivado en la destitución inmediata de Ocampos y en su procesamiento.
No puede comprenderse esta espiral descendente de podredumbre moral si no se entiende a la fuerza que está detrás de ella y por qué Quiñónez no puede hacer otra cosa que lo que está haciendo ni obtener otro resultado que el que estamos sufriendo.
La corrupción no es un accidente, es la consecuencia necesaria de una construcción institucional y social concebida para otorgar ventajas y privilegios indebidos a unos pocos en detrimento de todos.
Cuando se le pide a un agente de policía que haga la vista gorda al contrabando de cigarrillos, por ejemplo, no se le puede pedir que sea recto ante el contrabando de drogas. Se destruye su sentido moral para una cosa y es imposible mantenerlo para otra. Ese policía es proclive ya a aprovecharse de toda la actividad criminal a su alcance. Cuando fiscales y jueces deben encargarse de alguno de esos eventos criminales, se les ordena que no molesten a ese policía porque él forma parte del esquema que produce los beneficios del cigarrillo.
Lo ilustra notablemente la actuación de los fiscales Israel Villalba y Humberto Rosetti con el cargamento de cigarrillos preparado para exportación fuera de la zona primaria de Itaipú, decomisado en febrero de 2020, cortésmente devuelto a sus “dueños” el pasado 4 de febrero de 2021.
Se puede ordenar a fiscales y jueces porque también a ellos se los designa para proteger o al menos hacer la vista gorda ante hechos delictuosos. Y para poder nombrar a fiscales y a jueces se articula una fuerza política cuyo objetivo real es manejar al antojo a los mismos.
Así como el policía tiene destruido su sentido moral por habérsele ordenado proteger una actividad criminal, así mismo lo tienen destruidos a fiscales y jueces, a los que tampoco se puede pedir que, haciendo la vista gorda al contrabando de cigarrillos no la hagan para el de armas, drogas, medicamentos.
A ningún policía despojado de sentido moral, a ningún fiscal, a ningún juez, a ningún funcionario prostituido de esa manera se le puede pedir que no proteja por su cuenta otras actividades criminales, desde los secuestros exprés, como el ocurrido en Torín que tuvo por víctimas a turistas brasileños, hasta las coimas en barreras, en evasión de impuestos, en asesinatos, reducción, o la red de extorsión montada por la “brigada central” de la Policía, o cualquier otro hecho delictivo corrupto.
Es exactamente lo que está sufriendo nuestro país: una espiral descendente de podredumbre y miseria moral que no tiene precedentes.
Sandra Quiñónez fue instalada en la Fiscalía General del Estado por Horacio Cartes, a este paso puede pensarse que para proteger sus negocios. Esto porque, en un procedimiento harto dudoso del Consejo de la Magistratura, controlado por el expresidente, la candidata que apenas había logrado el lugar número sesenta por méritos académicos, se convirtió por “arte de magia” en la ganadora del concurso y en titular del Ministerio Público.
El fiscal Ocampos puede respaldar el apresamiento de opositores y todo lo antes descrito porque recibía instrucciones de González Daher, lo cual muestra quién es. ¿Hasta cuándo se puede soportar a esta clase de “representantes de la sociedad” ante los órganos jurisdiccionales? Los ciudadanos y las ciudadanas que están incrementando su repudio a los verdaderos atracos institucionales de que está siendo víctima el pueblo paraguayo, deben incluir entre sus blancos a quienes defeccionan de sus obligaciones, como muchos fiscales.