Cargando...
El triste abandono que sufren los pobladores del Alto Paraguay es atribuible no solo a la desidia de los sucesivos Gobiernos nacionales, sino también a la corrupción de sus propios diputados, gobernadores, intendentes y concejales. No han tenido buen tino al escogerlos, pese a la experiencia acumulada en las últimas décadas. Tarcisio Sostoa y José Chamorro –nombres que ya no necesitan presentación– son dos exponentes locales del ejercicio de un cargo electivo en provecho propio y en perjuicio de la comunidad. Están en situación de retiro, pero no así la diputada Marlene Ocampos y el gobernador José Domingo Adorno, ambos exconcejales departamentales colorados, que en 2018 trocaron sus roles: la primera dejó la Gobernación y el segundo la Cámara Baja, donde representó al PEN. Hoy están enemistados: la legisladora –tras su paso al cartismo consiguió congelar una pesquisa sobre el delito de lesión de confianza que se le atribuye haber cometido en su anterior cargo– acusó al sucesor de malgastos en la construcción de un puente entre Fuerte Olimpo y Puerto Guaraní y de irregularidades en la inversión de fondos de emergencia para cortafuegos.
Como una auditoría solicitada por la Junta Departamental detectó un faltante de 2.000 millones de guaraníes en la ejecución presupuestaria de 2019, la Contraloría General de la República dispuso en marzo último auditar la gestión del gobernador Adorno en dicho ejercicio fiscal. Aún se ignoran los resultados, que podrían generar una denuncia penal, pero no así que el citado órgano calificó con un cero, equivalente a un “nivel de madurez deficiente”, la aplicación del Sistema de Control Interno (SCI), atendiendo cada uno de sus aspectos: ambiente de control y controles de planificación, de implementación, de evaluación y de mejora. La peor de las calificaciones muestra, según los evaluadores, la falta de liderazgo y de compromiso con la implementación del sistema, “primera línea de defensa en la protección de los bienes y el patrimonio público”. Por su parte, el gobernador sostuvo que sí existe un control interno, solo que no está informatizado; en verdad, tiene al menos una fiscalizadora de los almuerzos y de la merienda escolar, financiados por el Fonacide, solo que se trata de su propia hijastra Susan Busto, que ingresó en la función pública siendo él diputado: es probable que ese “control interno” esté muy lejos de ser riguroso.
Es presumible que también la gran mayoría de los restantes 16 Gobiernos departamentales se aplazaría en cuanto a la aplicación del SCI, más aún considerando que, en 2019, el 70% de las más de 300 entidades públicas evaluadas reprobó el examen: muchas de ellas, como hasta hoy el Gobierno del Alto Paraguay, ni siquiera habían empezado a aplicarlo, pese a que el decreto reglamentario del modelo estándar ya regía desde 2008. Este año, el Presupuesto del citado Gobierno asciende a 39.763 millones de guaraníes, el más bajo de las administraciones departamentales; con todo, no es una suma despreciable, cuya inversión, a este paso, pueda quedar de hecho al libre arbitrio del gobernador. Dado que el Presupuesto departamental integra el General de la Nación, es necesario que el Congreso examine su ejecución a la hora de estudiar el que fue planteado para el próximo ejercicio fiscal: una gestión ineficiente o corrupta no se debería premiar con su aumento.
En tal sentido, es reprochable que la Cámara Baja, de representación departamental, sea muy generosa y no precisamente con la población, sino con las autoridades de la “patria chica”. Siendo así, hay un interés nacional en que la Contraloría y el Congreso examinen su gestión presupuestaria, pues sería inútil confiar en su control interno, como lo ha demostrado, por si aún hacía falta, el lamentable gobernador Adorno. Es preciso que la opinión pública también ponga la lupa en este nivel político-administrativo que, en realidad, solo ha servido para alimentar a más presupuestívoros, es decir, a los caudillejos departamentales.
Varias veces la prensa se ha ocupado de las denuncias de los pobladores sobre sus permanentes penurias, ya sea cuando recorren los pésimos caminos del departamento, o cuando deben internar a algún enfermo en precarios nosocomios. En el primer caso, los pasajeros quedan varados por varios días, y en el segundo, hay pacientes que fallecieron en el intento de llegar a Asunción o a un mejor hospital de otro departamento.
Nada de esto impresiona a las autoridades de esa alejada región, más interesadas en atender las necesidades de su clientela política y de sus allegados. Por ejemplo, los carenciados pobladores del Alto Paraguay no saben que solo los “servicios personales” del Gabinete del gobernador consumirán este año 4.050 millones de guaraníes, entre sueldos, gastos de representación, aguinaldos, remuneraciones extraordinarias, bonificaciones, jornales, honorarios profesionales y subsidio para la salud. Tampoco saben esos sufridos compatriotas que los “servicios personales” de la Junta Departamental, integrada por 7 concejales, absorberán 1.014 millones de guaraníes en los mismos conceptos, salvo los dos últimos. Y conste que se trata del departamento más pobre del país.
Mientras los sinvergüenzas que se han adueñado del Alto Paraguay no reciban el castigo que se merecen, las consecuencias las seguirán padeciendo sus habitantes. Se debe poner fin a tanto descaro.